La organización de consumidores Facua ha lanzado una petición al Gobierno para implementar cambios regulatorios que sancionen a las empresas de telecomunicaciones y energía. Estas empresas estarían lucrando con las llamadas telefónicas no deseadas, según la organización, y es fundamental establecer mecanismos de indemnización para los usuarios afectados. A pesar de que desde marzo, los operadores han bloqueado más de 50 millones de llamadas y mensajes de texto fraudulentos, Facua denuncia que los consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales no solicitadas prácticamente a diario.
El problema, como lo expone Facua, radica en que el plan contra las estafas telefónicas del Gobierno no contempló el bloqueo de comunicaciones desde numeraciones fijas con prefijo geográfico. Facua afirma que las medidas actuales resultan «claramente insuficientes» y deben ampliarse para incluir «todo tipo de llamadas». En efecto, las numeraciones fijas con prefijo nacional se han convertido «en un gran coladero de fraudes».
El propio ministro ha admitido que tras la entrada en vigor del plan, los estafadores están usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas
Facua insiste en ampliar el plan para también bloquear ‘spam’ desde numeraciones fijas. Desde 2023, las llamadas comerciales no solicitadas están prohibidas, aunque en la práctica continúan ocurriendo. Facua señala que la regulación actual no es efectiva y demanda su revisión.
La asociación considera esencial que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulse un cambio regulatorio que obligue a las empresas beneficiarias de altas a través de llamadas comerciales a informar a los usuarios sobre su derecho a una indemnización económica si las llamadas no fueron solicitadas expresamente. Según Facua, las empresas deben garantizar que las grabaciones de estas llamadas incluyan una aceptación explícita del usuario no solo de las condiciones, sino también que este realizó o solicitó la llamada.
En caso contrario, el contrato no sería válido y las empresas estarían incurriendo en una infracción de consumo, lo que derivaría en sanciones al ser denunciadas. Facua busca así cerrar las brechas que los estafadores utilizan para perpetrar sus acciones contra los consumidores, asegurando un entorno más seguro y justo para todos.
