El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha puesto en duda que el Gobierno cuente con los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar la polémica reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, prevista para 2025.
Garamendi ha criticado duramente el enfoque adoptado por el Gobierno, especialmente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha acusado de utilizar el Día del Trabajador con fines partidistas. "Usó el 1 de Mayo para hacer política en lugar de diálogo", ha lamentado.
Pero la polémica ha ido más allá del debate técnico o económico. El líder de la patronal ha denunciado la creciente agresividad en el discurso institucional hacia quienes no apoyan la reforma. En particular, ha afeado al ministro de Transformación Digital, Óscar López, que tildara de "fachas" y "ultras" a los críticos con la medida, así como al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien calificó de “timo a la democracia” cualquier intento de frenar su debate parlamentario.
"¿Qué pasa, que se es democrático solo cuando uno hace lo que otro dice?", ha cuestionado con dureza. Además, ha recordado que la medida costará unos 23.000 millones de euros, un impacto económico que, advierte, recaerá especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.
En su intervención, también ha señalado que el discurso del Gobierno carece de realismo económico y está cargado de populismo. "En la empresa privada, cuando las cosas van mal, hay una cosa que se llama quiebra. En lo público, cuando van mal, se llama déficit", ironizó.
El presidente de la patronal ha asegurado que la CEOE está en contacto con todos los grupos parlamentarios para expresar su oposición a esta reforma. "Queremos que se nos oiga", insistió.
Más allá del aspecto legislativo, Garamendi ha denunciado un ambiente creciente de "descalificaciones" hacia el tejido empresarial. "Esto es síntoma de nerviosismo. Nosotros no vamos a llamar de nada a nadie. Vamos a plantear los temas con objetividad", ha declarado.
También ha reclamado respeto al marco de los 4.500 convenios laborales vigentes en el país, que ya regulan horas y salarios de manera sectorial y negociada. "El mundo es global y hay que competir", subrayó.
Finalmente, ha advertido de las consecuencias prácticas de aplicar una medida como la reducción de jornada sin tener en cuenta la capacidad de adaptación del tejido empresarial.
El Gobierno aprobará la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas antes de ir al Congreso
