La ONG ambientalista Greenpeace ha sido condenada a 660 millones de dólares (aproximadamente 605 millones de euros) en daños y perjuicios a la petrolera Energy Transfer. Esta decisión fue tomada por un jurado de Dakota del Norte, que declaró a Greenpeace responsable de difamación en virtud de las protestas contra el oleoducto Dakota Access. El veredicto se emitió tras un juicio que se extendió durante tres semanas, con un jurado compuesto por nueve personas.
Greenpeace, que tiene su origen en Canadá y su sede en los Países Bajos, anunció su intención de apelar esta decisión ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte. La indemnización se distribuirá entre sus filiales estadounidenses (Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc) y Greenpeace International. Sushsma Raman, directora ejecutiva interina de Greenpeace USA, afirmó que «este caso debería alarmar a todos, sin importar sus inclinaciones políticas».
Forma parte de un renovado esfuerzo por parte de las corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia
Raman también expresó que “todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda”, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. Agregó que, aunque las grandes petroleras intenten frenar la acción de un solo grupo, «no pueden detener a un movimiento».
El director ejecutivo de Greenpeace International, Mads Christensen, criticó el fallo, aludiendo a una tendencia preocupante hacia comportamientos que exacerban la crisis climática y priorizan los intereses de los combustibles fósiles sobre la salud pública. En este sentido, destacó que la administración de Donald Trump había desmantelado importantes protecciones ambientales y había intensificado los esfuerzos para silenciar las protestas.
Por su parte, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, calificó el fallo como un «momento triste para el activismo y la desobediencia civil». Sin embargo, enfatizó que esta decisión no sería el final de la lucha contra las grandes petroleras, afirmando que “Greenpeace seguirá en primera línea de batalla para lograr la protección de estos derechos fundamentales”.
La denuncia de Energy Transfer contra Greenpeace, que se remonta a 2019, costó a la ONG su situación actual, acusándola de provocar pérdidas financieras debido a protestas y a la difusión de información errónea. A pesar de la condena, Greenpeace mantiene su compromiso de continuar luchando por un mundo más justo y sustentable.
