Iberdrola ha llevado al Tribunal Supremo una acción con la intención de aclarar la legitimidad del Comité creado por el Gobierno para investigar la crisis eléctrica del pasado 28 de abril. La fecha clave de este apagón, que dejó sin electricidad a toda la Península Ibérica, es motivo de preocupación para la compañía, que busca conocer la validez jurídica de las actuaciones del Comité.
Según fuentes jurídicas consultadas, Iberdrola presentó su acción el 30 de mayo, previamente a la publicación oficial del informe gubernamental el 17 de junio. Durante ese periodo, la eléctrica solo contaba con la información de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, había aprobado una orden el 30 de abril, creándose así el Comité bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, se cuestiona la falta de una «situación de interés para la Seguridad Nacional» declarada por el presidente del Gobierno, lo que, según Iberdrola, compromete la cobertura legal del Comité.
El escrito de Iberdrola enfatiza la importancia de que el Ministerio proporcione al Tribunal Supremo la documentación normativa respaldando la creación y las labores del Comité. Esto permitiría establecer el valor jurídico del informe emitido, vital para futuros procedimientos administrativos y legales relacionados con el apagón del 28 de abril de 2025.
El informe, presentado por Sara Aagesen el 17 de junio, concluyó que el apagón tenía un origen multifactorial, citando episodios de sobretensión y desconexiones en cadena. Estas conclusiones descartaron un ciberataque como causa del corte eléctrico.
Además, el informe destaca tres factores críticos. El sistema carecía de suficiente capacidad de control de tensión dinámica, siendo el programa de control más bajo registrado en 2025. Esos grupos de generación, que a menudo recibían compensaciones económicas, no lograron absorber la energía reactiva esperada.
Sumado a esto, se ofrecieron otros dos informes por parte de Red Eléctrica de España y las grandes eléctricas. Sin embargo, estos documentos no lograron identificar de manera concluyente a un responsable único, ya que los informes asignaban responsabilidades de manera desigual entre las partes implicadas.
