La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto una sanción económica de 3,91 millones de euros y una amonestación pública a la sucursal en España de ING. Esta multa responde a una infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, como se detalla en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el jueves.
La sanción se origina por el incumplimiento del deber de comunicación por indicio, estipulado en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que regula la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Este artículo establece la obligación para los bancos de informar a las autoridades en caso de que algún directivo o empleado detecte indicios o certezas sobre la posible relación de un hecho u operación con actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
La multa fue aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2023, a propuesta de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Es importante señalar que la sanción es firme en vía administrativa.
En respuesta a la medida, el banco ha expresado su respeto y acatamiento hacia la decisión de la autoridad. Según ha indicado a Europa Press, «ING ha colaborado activamente desde el comienzo de la inspección, facilitando en todo momento el proceso y poniendo a su disposición toda la información requerida». Además, la entidad confirma haber subsanado las deficiencias detectadas.
