La Audiencia Nacional ha dado un paso importante al admitir a trámite un recurso presentado por el despacho de abogados Statera Legal contra la consulta pública realizada por el Ministerio de Economía sobre la oferta pública de adquisición (OPA) que BBVA lanzó sobre Banco Sabadell. Este anuncio fue realizado por el propio bufete a través de un comunicado.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa un plazo de 20 días para que remita el expediente administrativo relacionado con la consulta. Asimismo, se ha decidido la formación de una pieza separada en relación con la solicitud de una medida cautelar que busca suspender la utilización de los resultados de la consulta pública, otorgando un plazo de 10 días a la Administración demandada para presentar sus alegaciones.
La adopción de la medida cautelar tiene aún más relevancia tras anunciar el ministerio que decidía elevar la decisión sobre la OPA de BBVA al Consejo de Ministros
El recurso fue presentado el pasado 26 de mayo, luego de que el 8 de mayo, Statera Legal requiriera al Ministerio cesar la «vía de hecho» por la apertura de una consulta pública que consideraba «sin cobertura legal» y con «diferentes defectos formales de gravedad». Aunque se dio un plazo de diez días para atender esta solicitud, no se recibió respuesta, lo que llevó al bufete a interponer el requerimiento acompañado de la petición de medida cautelar.
Desde Statera Legal argumentan que la consulta es «contraria» al principio de igualdad y no discriminación, dado que su formulación varía en función de la percepción de los interesados respecto a la existencia de criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia. Además, critican que el proceso para cumplimentar el formulario carece de cualquier mecanismo de autenticación de identidad, lo que contraviene la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Esto cobra mayor relevancia considerando la posibilidad de una suplantación a gran escala que pudiera tergiversar líneas de opinión
Statera Legal subraya la importancia de su solicitud en un contexto donde existen «intereses en la desestabilización de las democracias occidentales». Asimismo, asegura que el procedimiento seguido no se alinea con las preguntas formuladas, lo que contraviene la Ley de Defensa de la Competencia y resalta que la consulta «no tiene cabida formal» en el ordenamiento jurídico actual. En conclusión, el bufete sostiene que este proceso podría afectar el interés público mediante el uso de datos recabados «sin ningún rigor» e insta a impugnar la consulta en vía jurisdiccional, así como a suspender cautelarmente la utilización de sus resultados.
