La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González, y de otros exdirectivos del banco por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Esta decisión surge en relación con una serie de presuntos encargos ilegales realizados entre 2004 y 2016.
El procesamiento de figuras clave y la ineficacia del sistema de control
En su resolución, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional desestimó los 11 recursos de apelación que fueron interpuestos contra el auto que puso fin a la investigación. En sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, los magistrados sostienen que «no resulta creíble el desconocimiento alegado» por BBVA sobre estos hechos. Este procesamiento también incluye a figuras destacadas como Julio Corrochano, ex responsable de Seguridad, Ángel Cano, ex consejero delegado, Eduardo Arbizu, ex jefe de Control Interno, y Antonio Béjar, ex director de Riesgos.
La evidencia presentada indica que el sistema de prevención y control de BBVA no era eficaz, dejando fuera de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y la alta dirección. Según los magistrados, esto permitió que se cometieran delitos de cohecho y revelación de secretos para beneficiar al banco.
Al respecto, señalan que «no es irrazonable concluir» que el modelo de gestión no era adecuado, dado que permitía acciones al margen del mismo sin supervisión, y las órdenes de superiores se cumplían sin cuestionamientos.
Francisco González y los contratos con CENYT
La Sala también ha destacado la participación de Francisco González, expresidente de BBVA. Señaló que varios contratos con CENYT, la empresa de Villarejo, fueron ordenados directamente por él. González ya conocía la entidad y sus métodos de investigación por contratos anteriores. Los jueces consideran que la decisión de contratar a CENYT, después de que otros métodos no dieran resultados, confirma la participación de González en delitos de cohecho y revelación de secretos. Se destaca que la información obtenida por CENYT no se hizo respetando la legalidad.
El juez instructor, Manuel García Castellón, había propuesto juzgar al banco, a González y a Villarejo en 2024 por estos delitos. Su auto detallaba cómo el enlace entre BBVA y los comisarios, entre los que se encontraba Villarejo, permitió el acceso indebido a registros policiales y datos reservados. Los contratos firmados buscaban ejecutar proyectos de inteligencia que involucran intrusiones en datos personales de empresarios, abogados y periodistas.
