Las asociaciones bancarias AEB y CECA han tomado la decisión de emprender acciones legales contra el nuevo impuesto a la banca. Ambas entidades han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Hacienda, la cual aprueba el modelo de autoliquidación y pago fraccionado del tributo. Esta acción se produce tras la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada.
Este movimiento sigue la línea de acciones previas de AEB y CECA, ya que anteriormente habían mostrado su intención de recurrir este nuevo impuesto. El recurso actual se suma al interpuesto en 2023 ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial del gravamen temporal que estuvo vigente entre 2023 y 2024. El nuevo tributo, aprobado a finales del pasado año, reemplaza al gravamen temporal y se aplicará por un periodo limitado de tres años: 2024, 2025 y 2026.
La banca ha expresado su rechazo desde noviembre, cuando se aprobó el nuevo diseño del tributo, argumentando que tiene «graves efectos» para la financiación de familias y empresas, además de un impacto «negativo» para la inversión. Las asociaciones recalcan que estas medidas suponen un «perjuicio» para la economía en general. Asimismo, destacan que la banca española es la única en Europa sujeta a un impuesto de este tipo, lo que consideran una «merma competitiva» frente a sus homólogas europeas.
El Banco Central Europeo (BCE) se pronunció en diciembre de 2024 en contra de este nuevo impuesto por sus «efectos adversos»
El BCE advirtió que el impuesto podría «limitar la capacidad de las entidades de conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios». Además, podrían surgir «consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito». A estos comentarios se suman los del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, el cual destaca que el impuesto «puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo».
En un informe reciente, publicado en abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó al Gobierno español «discontinuar» este impuesto. A finales de 2024, el Congreso aprobó una revisión del gravamen, convirtiéndolo en un impuesto con una escala progresiva que varía entre el 1% y el 7% según los ingresos, e incluye una deducción por el pago del impuesto de sociedades.
