La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha levantado la voz solicitando una revisión a la baja de ciertos impuestos vinculados al sector inmobiliario, como el IBI y el IVA. La entidad propone también una serie de deducciones fiscales para facilitar la venta, promoción y adquisición de vivienda. Según sus cálculos, estos gravámenes representan aproximadamente un 25% del costo final de una vivienda.
La CNC ha especificado varias medidas concretas, entre ellas, aplicar un IVA superreducido del 4%, reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como clarificar la base imponible del Impuesto local sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Seguidamente, denuncia que las barreras fiscales no solo encarecen la vivienda sino que también dificultan su construcción y acceso. Desde la compra del suelo hasta la venta de la vivienda, el proceso implica el pago de cerca de 14 tributos y tasas distintos.
En primer lugar, recomienda bajar los impuestos a la compraventa como el ITP o el AJD para fomentar la movilidad residencial y facilitar el acceso a la propiedad y al alquiler
La CNC apela a la voluntad política para aliviar esta carga fiscal que incide en ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración General del Estado.
Incentivos y ajustes fiscales
En el campo de los arrendamientos, la entidad sugiere una mayor neutralidad fiscal entre la compra y el alquiler, introduciendo incentivos que reduzcan la carga impositiva sobre los propietarios que ofrezcan precios más accesibles. Se propone también que las rentas de alquiler cuenten como ahorro, lo que significaría una rebaja del gravamen para los contribuyentes con mayores ingresos.
Actualmente, las rentas del alquiler se suman a otros ingresos como el sueldo, de forma que se grava desde el 19% hasta el 47%
La CNC cree que al ajustar estas rentas como ahorro, la fiscalidad se encuadraría en un rango más bajo, tributándose del 19% al 30%, un beneficio fiscal importante para los arrendadores, especialmente aquellos con ingresos superiores a 300.000 euros.
