La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha defendido la exhaustividad del análisis realizado por su organismo sobre la operación de compra que el BBVA planea llevar a cabo respecto al Sabadell. Fernández ha enfatizado que «en ningún caso» se ha considerado que la competencia sea insuficiente o que esta disminuya tras la operación.
Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, la presidenta mencionó que el CNMC ha observado «suficiente movimiento» en el sector, especialmente en lo que respecta al crédito a pymes, lo que respalda la aceptación de los compromisos establecidos con BBVA para la aprobación de la operación. Estos compromisos incluyen la preservación de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros automáticos en zonas con poca población o escasa competencia.
La mayoría de los compromisos tendrán una duración de tres años, prorrogables por otros dos en caso del crédito a pymes
Es importante destacar que la CNMC aprobó la operación el pasado 30 de abril, con compromisos que tienen una vigencia de tres años (36 meses), y que pueden extenderse por dos años adicionales en el caso específico del crédito a pymes, mientras que los compromisos relacionados con los cajeros automáticos serán de año y medio (18 meses).
Fernández también mencionó que durante el análisis, que se extendió por casi un año, se evidenció que el Banco Santander ha estado perdiendo cuota en el mercado del crédito a pymes en Cataluña en favor de otros competidores, aunque no así BBVA. La presidenta argumentó la necesidad de un plazo de al menos tres años para los compromisos establecidos: «Esa tardanza en cambiar, aquellos que quieren cambiar con ocasión de la fusión, se pueda producir en un tiempo un poco más largo».
Sobre el informe de la operación, Fernández indicó que actualmente se encuentra en proceso de anonimización para proteger la información confidencial, aunque se espera que sea publicado por la CNMC próximamente. En cuanto a los informes de las autoridades de competencia de Comunidad Valenciana y Cataluña, la presidenta mencionó que se han considerado en la toma de decisiones, al igual que el informe de Competencia del País Vasco, concluyendo que «discrepar sobre las consecuencias no significa que no hayamos valorado adecuadamente todos los elementos proporcionados por dichas autoridades».
