La Comisión Europea ha iniciado una investigación formal contra Red Bull, el conocido fabricante austriaco de bebidas energéticas, tras sospechar que la compañía podría haber incurrido en prácticas anticompetitivas en el mercado europeo. Según el Ejecutivo comunitario, Red Bull habría llevado a cabo acciones que restringen la competencia, en particular en el segmento de bebidas energéticas de más de 250 mililitros, lo que podría constituir un abuso de posición dominante y, por tanto, una violación de la normativa antimonopolio de la Unión Europea.
Las sospechas de Bruselas se centran en que Red Bull habría implementado estrategias para limitar la disponibilidad de productos rivales en determinados puntos de venta, como supermercados y gasolineras, afectando de manera directa a su principal competidor, Monster Energy. Entre las presuntas prácticas detectadas, la Comisión Europea menciona la concesión de incentivos monetarios y no monetarios a los minoristas para que retiraran del mercado o perjudicaran la visibilidad de bebidas energéticas de la competencia. Asimismo, Red Bull habría utilizado su posición de poder como "gestor de categoría" dentro de los supermercados para influir en la selección, colocación y promoción de los productos rivales, favoreciendo sus propios productos en detrimento de otros.
La investigación de la Comisión se enfoca especialmente en los Países Bajos, donde Red Bull posee una posición dominante en el mercado de bebidas energéticas. En este país, según los indicios recabados por Bruselas, la compañía habría buscado que los minoristas eliminaran o limitaran la oferta de bebidas energéticas rivales de más de 250 mililitros, lo que podría afectar la competencia y, en consecuencia, mantener los precios elevados para los consumidores. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, declaró que se pretende "comprobar si estas prácticas pueden estar manteniendo los precios altos y limitando la oferta de bebidas energéticas para los consumidores".
El procedimiento de investigación surge tras una serie de inspecciones realizadas por la Comisión Europea en 2023, tanto en la sede central de Red Bull como en varias de sus filiales y oficinas en Bruselas. La compañía, por su parte, ha intentado frenar la investigación recurriendo al Tribunal General de la UE y solicitando la suspensión de las inspecciones en curso, argumentando que se trataba de actuaciones injustificadas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha decidido priorizar la investigación y no ha fijado un plazo máximo para su conclusión, ya que la complejidad de los casos de competencia suele requerir meses o incluso años para recopilar todas las pruebas necesarias.
De confirmarse las sospechas de Bruselas, Red Bull podría enfrentarse a sanciones económicas muy significativas. Las infracciones de las normas antimonopolio de la UE pueden acarrear multas de hasta el 10% de la facturación anual global de la empresa. En el caso de Red Bull, considerando su volumen de ventas, la multa podría superar los 1.000 millones de euros, una cifra que reflejaría la gravedad de las posibles prácticas anticompetitivas en el mercado europeo.
La investigación de Bruselas también pone en relieve un debate más amplio sobre la competencia en el sector de bebidas energéticas, un mercado altamente concentrado en el que unos pocos actores dominan la mayor parte de las ventas. El papel de las grandes marcas como Red Bull y su influencia sobre los minoristas a través de acuerdos de exclusividad o incentivos podría limitar la entrada de competidores más pequeños y restringir la elección de los consumidores, algo que la legislación europea busca prevenir mediante mecanismos estrictos de control antimonopolio.
Con todo, la Comisión Europea busca determinar si Red Bull ha abusado de su posición de mercado y ha implementado prácticas que restringen la competencia en el sector de bebidas energéticas de más de 250 mililitros, especialmente en supermercados y gasolineras. La investigación prioritaria refleja la preocupación de Bruselas por proteger a los consumidores y garantizar un mercado justo, donde los precios y la oferta no estén condicionados por acuerdos que favorezcan a un solo competidor a expensas de otros. Los próximos meses serán decisivos para conocer si Red Bull deberá afrontar sanciones millonarias o si logrará demostrar que sus prácticas comerciales se ajustan a la normativa comunitaria.
