El bufete de abogados Statera Legal ha manifestado su posición respecto a la consulta pública llevada a cabo por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre la OPA que BBVA desea realizar sobre Sabadell. Según el análisis del despacho legal, dicha consulta se ha realizado sobre aspectos que «exceden» las competencias del Ministerio y del poder ejecutivo. En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, Statera Legal argumenta que el análisis que debe realizar el Gobierno sobre la OPA no se alinea con las preguntas formuladas en la consulta pública.
Se estaría infringiendo el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia
El recurso presentado por Statera Legal subraya la «irrelevancia» de la decisión que adopte el Consejo de Ministros, argumentando que este no puede imponer restricciones adicionales a la operación más allá de las ya establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Además, se ha enfatizado que resulta «inverosímil» la realización de una consulta que consideran innecesaria y sin repercusiones en la operación, además de llevarse a cabo sin garantías adecuadas. De acuerdo con sus afirmaciones, el Consejo de Ministros carece de competencia para evaluar si la operación impacta el interés general al consultar al público sobre aspectos que no se relacionan con la decisión gubernamental.
El bufete insiste en la «ausencia de competencia material» del Ministerio de Economía en el contexto de la consulta y solicita que se declare nula de pleno derecho la actuación.
Es importante recordar que el 30 de abril, la CNMC aprobó por unanimidad la OPA que BBVA desea emprender sobre Sabadell, lo que llevó al Ministerio de Economía a tener un plazo de 15 días laborables para analizar la operación y decidir si elevarla al Consejo de Ministros. Sin embargo, el Gobierno optó por abrir una consulta pública entre el 6 y el 16 de mayo, un procedimiento sin precedentes en esta clase de operaciones, de modo que se amplió el plazo hasta el 27 de mayo para tomar una decisión.
Finalmente, el pasado martes, el ministerio informó que trasladaría el análisis de la OPA al Consejo de Ministros, donde tendría un plazo de 30 días naturales para emitir un veredicto. En respuesta a esta situación, el despacho Statera Legal presentó el 26 de mayo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la consulta pública, alegando que es «contraria» al principio de igualdad y no discriminación y que el formulario empleado está «ausente» de cualquier autenticación de identidad del usuario. Además, incluida en el recurso se adjuntó una solicitud de medida cautelar para impedir el uso de la consulta a la hora de tomar decisiones. A partir del pasado viernes, esta petición se elevó a cautelarísima para prevenir que el Gobierno adopte decisiones antes de que se resuelva la cuestión de las medidas cautelares.
