El sector de la hostelería en España ha expresado su profunda preocupación por el impacto económico que podría tener la reciente reducción de la jornada laboral, aprobada por el Consejo de Ministros a través de un anteproyecto de ley. Según un comunicado conjunto de Hostelería de España y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), esta medida podría generar un aumento de 2.538 millones de euros en los gastos salariales para las aproximadamente 300.000 empresas que conforman el sector.
Consecuencias sobre las microempresas
El comunicado destaca que la reducción de la jornada tendrá un «serio impacto en las empresas», especialmente en las microempresas, que representan el 94% del total del sector y emplean a menos de diez trabajadores. Se estima que actualmente el 31% de la facturación de estas empresas se destina a cubrir los costes salariales, los cuales ya experimentaron un aumento del 14,5% el año pasado debido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las cotizaciones sociales.
La reducción del tiempo de servicio y producción en los locales supone una reducción de un 3% de la facturación, cifrada en 5.099 millones de euros anuales
Además, los representantes del sector han señalado que, en un contexto donde la productividad está estrechamente relacionada con la presencialidad, la nueva normativa presenta retos organizativos que, a su juicio, se tornan insalvables. En particular, mencionan la dificultad para cubrir los servicios de 24 horas, lo que podría dejar franjas horarias sin atención adecuada para los clientes.
El secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha cuestionado la medida, argumentando que «vulnera el buen funcionamiento del diálogo social y de los convenios colectivos». Asimismo, ha enfatizado la falta de consideración del factor de productividad en la implementación de dicha reducción. Por su parte, el presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha subrayado que el sector turístico necesita flexibilidad para adaptarse a la estacionalidad, advirtiendo que «cualquier intromisión que dañe el diálogo social tendrá consecuencias muy negativas para el empleo y para mantener la competitividad turística española».
