La Justicia belga ha tomado una decisión contundente en la prolongada batalla legal entre España y OperaFund al bloquear 482 millones de euros destinados a España. Este embargo responde al recorte retroactivo de las primas a las energías renovables, aplicado por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. La intervención legal se enmarca dentro de los procedimientos relacionados con el caso OperaFund, impulsados tras un laudo arbitral favorable a la compañía.
El embargo, autorizado como mecanismo compensatorio, se ejecutó para asegurar el resarcimiento de los acreedores, sumando exactamente 482,4 millones de euros. Este movimiento legal busca compensar la deuda con OperaFund, quien obtuvo en 2019 un reconocimiento vinculante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. El laudo fue basado en el Tratado de la Carta de la Energía, del cual España era signataria cuando se efectuaron los controvertidos recortes.
Ante la negativa del Gobierno de España de satisfacer la indemnización, OperaFund ha seguido procedimientos en varias jurisdicciones para embargar bienes del Estado. La suma total pendiente de pago, que incluye intereses por demora, asciende a 36,8 millones de euros. La demanda llevó a que los tribunales belgas decidieran intervenir los pagos que Eurocontrol realiza periódicamente a Enaire, cuyos fondos se encuentran bajo la jurisdicción belga.
Este embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por el impago
En julio del año pasado, Eurus Energy, una filial del grupo Toyota, siguió una estrategia legal similar, logrando un embargo de más de 207 millones de euros. Las deudas acumuladas para esta empresa llegaron a 115,6 millones de euros tras añadir los intereses por demora. De manera similar, otras firmas han ganado litigios en países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, donde los tribunales han reconocido estas deudas y autorizado procedimientos de cobro contra España.
En diciembre de 2024, la deuda total con las empresas afectadas ascendía a casi 2.300 millones de euros. Esta cifra recoge las sumas adeudadas más los intereses y costes legales impuestos por la estrategia de impagos del Estado. El gobierno español ha optado por recurrir al Tribunal Supremo, mientras que los inversores implementan órdenes para rastrear activos estatales susceptibles a embargos en territorios internacionales.
