El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido no atender la solicitud de medidas cautelares realizada por Airbnb para suspender la multa impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La sanción, de un total de 64 millones de euros, fue asignada a la plataforma en diciembre de 2025 por presuntas infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos.
Según el Ministerio de Consumo, se identificaron infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb, los cuales fueron retirados en julio de 2025. Se observó la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin la debida licencia, contraviniendo las normativas autonómicas que exigen el registro en la publicidad. Además, algunos anuncios incluían números de licencia que no correspondían con los registros oficiales o carecían de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, indicando prácticas de publicidad engañosa.
El Ministerio calificó estas acciones como «prácticas comerciales desleales» hacia los consumidores
El resultado fue una sanción por infracción grave de 63,98 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el tiempo que los anuncios estuvieron disponibles. Además, se identificaron otras tres infracciones que sumaron 75.000 euros adicionales.
Ante esta situación, Airbnb decidió recurrir a la justicia para impugnar el importe total de la sanción. No obstante, el reciente auto del TSJM ha rechazado la solicitud de medidas cautelares por parte de la plataforma, la cual buscaba suspender el pago de la multa hasta la resolución del proceso judicial.
Tras esta decisión, el Departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha confirmado que Airbnb todavía tiene la opción de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal. De esta forma, la empresa se encuentra ante un escenario en el que debe evaluar sus próximas acciones legales para afrontar la situación en curso.
