El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado las medidas tomadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en relación con las sanciones impuestas a siete empresas por haber desplegado prácticas engañosas durante las rebajas del ‘Black Friday’. En particular, el tribunal ha emitido dos autos referentes al recurso interpuesto por una de estas empresas sancionadas, desestimando su petición de medidas cautelares que le hubieran permitido eludir la sanción durante el proceso de revisión del recurso.
La compañía implicada está ahora obligada a depositar un aval de 110.000 euros, equivalente a la multa económica impuesta, además de prohibírsele continuar con las actividades irregulares. Según la comunicación realizada por el Ministerio el miércoles pasado, el TSJM ha resuelto en favor de las acciones gubernamentales para proteger a los consumidores, similares a las medidas previas relacionadas con anuncios ilegales en plataformas como Airbnb.
Las sanciones, que en su conjunto ascienden a cerca de 350.000 euros, se establecieron por manipular los precios de productos antes del ‘Black Friday’ para simular descuentos. Esta acción infringe el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que exige que el precio de referencia debe ser el menor registrado en los 30 días anteriores a la rebaja. El Ministerio destaca que esta práctica es contraria a la normativa que busca proteger la transparencia en las ventas al consumidor.
Ahora, tras los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se refuerza la prohibición de llevar a cabo estos falsos descuentos durante épocas de rebajas como el ‘Black Friday’, que tiene lugar a finales de noviembre
De las siete empresas acusadas, tres han reconocido su responsabilidad mientras que las restantes optaron por recurrir. Las actividades fraudulentas se realizaron en el año 2023, repercutiendo en comercios ‘online’ que ofertan productos en diversas categorías, desde electrodomésticos hasta cosmética.
Para garantizar el cumplimiento normativo, la Dirección General de Consumo ha sostenido su vigilancia sobre las ofertas durante épocas de alta actividad comercial mediante ‘Price Reduction Tool’, un desarrollo de la Comisión Europea que facilita la monitorización de precios en tiempo real, asegurando que los descuentos promovidos cumplen con las estipulaciones legales vigentes.
