La patronal Aelec, que incluye a importantes actores del sector eléctrico como Endesa, Iberdrola y EDP España, ha emitido críticas hacia Red Eléctrica de España (REE) por, según ellos, no asumir sus responsabilidades técnicas en relación al apagón nacional del 28 de abril. Este posicionamiento contradice el informe reciente del Gobierno, que apunta al operador del sistema como origen del apagón.
Las acusaciones de Aelec
Aelec afirma que si se hubiesen utilizado los recursos síncronos necesarios para manejar fallos de generación y controlar las tensiones, el colapso del sistema podría haberse evitado. Las centrales gestionadas por las empresas de la asociación, según su comunicado, operaron con normalidad durante el evento de cero energético y consideran que culparlas del apagón causa un «daño reputacional» para el sector. La causa real, según la patronal, fue una «manifiesta insuficiencia» de unidades despachadas por REE para garantizar la estabilidad operativa.
Para ilustrar sus argumentos, las eléctricas citan incidentes recientes como la desconexión repentina de 1.100 MW por un cortocircuito el pasado martes y el paso de la dana en la Comunidad Valenciana, donde no se produjeron apagones gracias a un despacho técnico adecuado del operador.
El informe de Red Eléctrica
La respuesta de Aelec se produce pocas horas después de que REE presentara su informe sobre las causas del apagón. En este, rechazó cualquier responsabilidad y negó que la falta de generación programada fuera un problema. Además, REE ha descartado la necesidad de afrontar pagos de indemnización, argumentando que sus acciones no fueron la causa de la desconexión generalizada.
De haberse dispuesto los recursos síncronos necesarios para afrontar fallos de generación y controlar las tensiones, no se habría producido el colapso del sistema
Este tenso intercambio de acusaciones plantea serias preguntas sobre la gestión del sistema eléctrico español y quién debe asumir la responsabilidad cuando las cosas no salen según lo planeado. Mientras tanto, el debate entre los distintos actores del sector sigue abierto, dejando a los consumidores y a las entidades gubernamentales a la espera de una resolución clara.
