Ángel Vallejo, socio de Maio Legal, ha explicado que los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) disponen generalmente de un plazo de un año para comenzar a reclamar las indemnizaciones a los seguros pertinentes. Sin embargo, en el caso de que existan lesiones, el cómputo de este plazo iniciaría cuando las secuelas se estabilicen. Vallejo también señala que, en algunos casos, el periodo para iniciar las reclamaciones puede extenderse hasta los cinco años.
Existen tres grandes tipos de seguros que pueden cubrir una incidencia ferroviaria: el seguro obligatorio de viajeros, el seguro obligatorio de responsabilidad civil de la empresa ferroviaria y los seguros privados complementarios. El seguro obligatorio de viajeros, que actúa de manera objetiva, protege a los viajeros y, en caso de fallecimiento, a sus herederos respecto a daños personales sufridos durante el viaje. Este seguro se rige por un baremo específico que contempla pagos máximos de 72.121,46 euros en caso de fallecimiento, mientras que para lesiones corporales, las indemnizaciones varían de 84.141,70 euros a 2.404,04 euros, en función de la gravedad de las lesiones.
El proceso de reclamación a las aseguradoras, según Vallejo, requiere una documentación exhaustiva del viaje y del proceso médico. Se aconseja a los perjudicados remitir una comunicación fehaciente a la empresa ferroviaria correspondiente, Renfe o Iryo, quienes deben trasladar la reclamación a la aseguradora. La primera comunicación debe abrir un expediente específico y contener solicitud para identificar la compañía aseguradora responsable y su número de póliza. Vallejo también recomienda actualizar continuamente a la operadora y aseguradora sobre el proceso médico y avisar a las compañías de seguros privadas de viaje o accidentes.
Vallejo aconseja que los afectados se asesoren «debidamente» antes de firmar ningún finiquito o documento que libere de responsabilidad a la operadora o aseguradora.
Ante cualquier retraso injustificado o falta de respuesta, se aconseja buscar asesoramiento jurídico, ya sea a través de asociaciones de consumidores o abogados privados.
La duración de estos procesos de reclamación es variable. A menudo, el seguro obligatorio de viajeros actúa «rápidamente y de forma automática». No obstante, en casos más mediáticos, los seguros voluntarios también tienden a actuar «con celeridad», aunque esto no siempre ocurre. En el ámbito judicial, los procesos pueden alargarse «muchos años», especialmente si se trata de asuntos penales, tal como ocurrió con el accidente de tren en Angrois (La Coruña) en 2014. Actualmente, ejemplos de complejidad judicial son visibles con decisiones recientes, como la absolución del exdirector de seguridad de Adif, imputando como único responsable al maquinista Francisco Garzón.
