El despacho Legalsha ha dado un paso adelante en la implementación de inteligencia artificial (IA) como parte de su estrategia para 2025, centrando su aplicación en el negocio de reclamaciones contra entidades financieras. La intención es utilizar la IA para identificar qué expedientes son adecuados para negociación, determinando si deben gestionarse por la vía extrajudicial o, alternativamente, presentarse a través de demandas judiciales. Según la firma, la IA se ha entrelazado estrechamente con el acceso a acuerdos cerrados previos, permitiéndole evaluar casos usando parámetros específicos establecidos para validar su continuidad.
Legalsha ha mostrado un impresionante balance durante el año en curso, generando un retorno financiero de 10 millones de euros para clientes y colaboradores a través de acuerdos extrajudiciales, sentencias definitivas y resoluciones que han resultado en compensaciones económicas. Dentro de su actividad destacada se encuentran más de 10,000 acuerdos extrajudiciales concretados en 2025.
La vía extrajudicial permite al consumidor obtener resultados más rápido, reduce costes innecesarios para las financieras y alivia la carga de los juzgados
Desde su creación en 2020, el despacho ha alcanzado más de 30,000 acuerdos de naturaleza extrajudicial. Rebin Shamamy, consejero delegado de Legalsha, enfatizó la eficacia de soluciones donde «la banca y los consumidores negocian sobre bases claras», facilitando beneficios mutuos en términos de tiempo, certidumbre y reducción de costes.
El despacho anticipa un aumento considerable en las reclamaciones relacionadas con el crédito al consumo digital para el próximo año. Este incremento se atribuye, en particular, a los créditos vinculados a plataformas de comercio electrónico, sistemas ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL) y microcréditos caracterizados por sus elevados intereses o complejas estructuras de reembolso. En 2025, el 61% de los expedientes manejados y resueltos extrajudicialmente se correspondieron a micropréstamos de contratación rápida, seguidos por reclamaciones sobre gastos de formalización de hipotecas (18%), tarjetas ‘revolving’ (15%) y financiación de vehículos (6%).
