En los primeros ocho meses de 2025 se han contabilizado un total de 5.834 procedimientos concursales y 18.981 disoluciones empresariales en España, según los últimos datos publicados por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), filial de Cesce y compañía líder en el suministro de información comercial y financiera. Estas cifras reflejan una evolución mixta del panorama empresarial: mientras los concursos muestran un ligero incremento del 4% respecto al mismo periodo de 2024, las disoluciones registran un descenso del 0,6%.
El análisis revela que, desde enero, el 77% de los procedimientos concursales (4.496) corresponden a concursos tradicionales, con un leve aumento del 0,5%. Por otro lado, se han registrado 180 planes de reestructuración, lo que representa el 3% del total, con una caída significativa del 21% frente al año anterior. Los procedimientos especiales para microempresas ascienden a 1.158, lo que implica un notable aumento del 30%, abarcando el 20% restante de los concursos.
El mes de agosto, tradicionalmente marcado por una menor actividad empresarial debido al periodo vacacional, ha sido especialmente bajo en términos concursales. Solo se han registrado 120 procedimientos, lo que supone una reducción del 49% respecto a agosto de 2024. De estos, 87 fueron concursos ordinarios (un 48% menos), junto con 7 planes de reestructuración (30% menos) y 26 procedimientos para microempresas (un descenso del 56%). Esta cifra mensual es la más baja desde 2020, según destaca Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B.
En cuanto al tamaño empresarial, las microempresas concentran el 62% de los concursos iniciados en agosto, mientras que las pequeñas empresas representan el 33%, y las medianas cerca del 5%. No se ha registrado ningún procedimiento de gran empresa este mes. Esta distribución se mantiene también en los planes de reestructuración, donde el 71% corresponde a microempresas y el 29% a pequeñas empresas.
En términos de impacto económico, las empresas que han entrado en concurso este año daban empleo a más de 44.000 trabajadores y sumaban una facturación superior a los 7.000 millones de euros. Las disueltas, por su parte, contaban con cerca de 69.000 empleados y una facturación conjunta de 11.119 millones de euros.
A nivel sectorial, Comercio lidera los datos con 1.156 concursos (26% del total), seguido por Construcción y actividades inmobiliarias (869), Industria (518) y Hostelería (505). Pese a la alta incidencia en Comercio, este sector experimenta un descenso del 5% en el número de concursos, al igual que Hostelería (-1%) y Educación (-12%). En cambio, Construcción suma 46 procedimientos más, siendo el mayor aumento en valor absoluto.
En los procedimientos especiales para microempresas y planes de reestructuración, Comercio vuelve a encabezar los datos, con 280 y 54 respectivamente, seguido por Construcción e Industria.
Respecto a las disoluciones, el sector más afectado ha sido Construcción y actividades inmobiliarias, con 4.785 disoluciones desde enero, seguido por Comercio (3.771) y Servicios empresariales (3.068). Aun así, tanto Construcción como Comercio han reducido sus cifras en valor absoluto respecto a 2024.
Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de concursos (1.396), con un aumento del 3,5%. Le siguen Madrid (599) y Valencia (584). Estas tres regiones suman el 57% del total nacional. Cataluña también lidera los planes de reestructuración, con 41, mientras que Madrid se sitúa al frente en procedimientos especiales para microempresas, con 501.
Por último, las disoluciones se concentran mayoritariamente en Madrid (5.144), Andalucía (2.953) y Comunidad Valenciana (2.145). En términos relativos, la comunidad que más ha incrementado sus disoluciones ha sido Melilla, con un sorprendente aumento del 107%.
Todo esto ocurre en el contexto de la aplicación de la Directiva europea 2019/1023, transpuesta al sistema legal español mediante la Ley Concursal 16/2022, que introdujo dos nuevas figuras jurídicas: los planes de reestructuración y los procedimientos especiales para microempresas. Estas herramientas buscan ofrecer vías más ágiles y adaptadas para prevenir o resolver situaciones de insolvencia, especialmente entre los actores más pequeños del tejido empresarial español.
