El Gobierno de Panamá ha tomado medidas para defenderse en el caso del arbitraje abierto por Sacyr. La constructora española reclama hasta 1.700 millones de euros por los sobrecostes en las obras de ampliación del Canal de Panamá realizadas entre 2009 y 2016. Para afrontar este desafío legal, Panamá ha contratado a la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer, con un desembolso que podría alcanzar los 6,5 millones de dólares (aproximadamente 5,6 millones de euros), para representarla ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
El contrato de ampliación del canal, adjudicado inicialmente por 3.200 millones de dólares, ha generado múltiples disputas debido a su coste final de 5.580 millones de dólares, lo que para muchos duplica el presupuesto original. Este largo proceso de litigios entre Panamá y el consorcio GUPC, del cual forma parte Sacyr con un 41,6%, ha estado plagado de conflictos desde su inicio.
En palabras del presidente de Sacyr, Manuel Manrique, “se trataba de una historia del pasado”. A pesar de esto, la empresa ha provisionado los importes necesarios para enfrentar los posibles costos negativos: “Solo podemos obtener ganancias”.
En Cnudmi, Sacyr ha iniciado un procedimiento de arbitraje sin la participación de sus socios en el consorcio, la italiana Webuild y la belga Jan de Nul. Este proceso ha sido valorado entre 1.000 y 2.000 millones de dólares (861 y 1.723 millones de euros), y está basado en el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá. Sacyr sostiene que las obligaciones de la obra deben atribuirse a la República de Panamá, en un movimiento opuesto al criterio del estado panameño.
En los últimos desarrollos, el consorcio constructor recuperó en 2022 garantías por valor de 250 millones de dólares, aunque también se enfrentó al rechazo del Tribunal Supremo de EEUU de un recurso presentado por el consorcio contra un pago de 265 millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá en 2020.
