La compañía ‘vieja Pescanova’ ha divulgado que durante el primer trimestre de su año fiscal, que abarca desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2025, se mantuvo sin actividad comercial y reportó pérdidas de 2.000 euros, en comparación con los 33.000 euros de pérdidas en el mismo periodo del año anterior. Esta información fue remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pescanova SA, tras su concurso de acreedores y la posterior creación de Nueva Pescanova, ha quedado constituida como una sociedad de cartera sin actividad productiva, donde su principal activo es una participación minoritaria del 0,21% en la pesquera. Durante el primer trimestre del ejercicio social 2025, los ingresos han ascendido a 79.000 euros, los cuales provienen fundamentalmente del apoyo anual que la sociedad debe recibir de Nueva Pescanova, conforme a los acuerdos de segregación aprobados por su junta general el 25 de septiembre de 2015.
Los gastos reportados en este periodo, en total, se centran en asesores externos (18.000 euros), remuneraciones del Consejo (43.000 euros), y provisiones y gastos financieros (35.000 euros), dejando un patrimonio neto de -6,37 millones de euros. Además, la compañía no ha llevado a cabo inversiones o desinversiones significativas durante este tiempo.
Se detalla que en abril de 2025, Pescanova SA ha presentado una demanda incidental dentro del marco del concurso de acreedores
que busca declarar los créditos reconocidos a ciertos accionistas como indemnización por responsabilidad civil derivada de un delito de falseamiento contable. Esta demanda argumenta que los hechos que originaron la responsabilidad ocurrieron antes del concurso y que los acreedores no notificaron sus fondos dentro del plazo fijado, imposibilitando su cobro hasta la finalización del proceso y sujeto a una quita del 97,5%.
La compañía ha reiterado que «no es posible fijar los plazos y cuantía final de responsabilidad civil» que le corresponden en las indemnizaciones a los accionistas, tal como fue sentenciado por el Tribunal Supremo en 2023. En su comunicación con la CNMV, hace referencia a la condena del expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro, que fue sentenciado a seis años de prisión por delitos relacionados con la falsedad en las cuentas anuales y el alzamiento de bienes, y que deberá indemnizar, de manera solidaria con la empresa, a los inversores perjudicados con más de 125 millones de euros.
A pesar de este escenario, Pescanova SA ha señalado que se estima una responsabilidad civil máxima de entre 165 a 200 millones de euros. Este proceso implica que cada inversor deberá demandar la ejecución de la condena y que se han encontrado reclamaciones abusivas en la responsabilidad civil por parte de varios inversores, las cuales serán objeto de oposición.
Finalmente, la compañía destaca que la única cuantía ya establecida es la multa por el delito, fijada en 21.900 euros, que también estará sujeta a la quita acordada en el convenio de concurso de acreedores.
