La junta general de accionistas de Puig ha aprobado este miércoles un dividendo de 0,377 euros brutos por acción, lo que representa un ‘pay out’ del 40% sobre el beneficio neto reportado en 2024, alineándose con las proyecciones realizadas en su salida a bolsa. La reunión, que contó con un quórum del 97,13% del capital social, votó a favor de un plan de incentivos a largo plazo destinado a consejeros ejecutivos y directivos de la empresa, cuyo importe máximo es de 167 millones de euros.
El denominado ‘Plan de Incentivo a Largo Plazo 2025-2029’ incluirá la entrega de acciones de clase ‘B’ de Puig, con una duración total de cinco años y estructurado en tres ciclos solapados, pero independientes. El primer ciclo comenzó el 1 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027; el segundo, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028; y el tercero, del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2029. Los importes comprometidos que no se utilicen efectivamente en cada ciclo, debido a incumplimiento de objetivos o bajas, estarán disponibles para los ciclos siguientes.
Por otro lado, Puig y su grupo consolidado han reelegido a EY como auditor de cuentas para el ejercicio 2025, y también la ha nombrado verificador de la información sobre sostenibilidad para el mismo periodo. Además, la junta emitió un voto consultivo favorable al informe anual de remuneraciones de sus consejeros correspondiente al año cerrado el 31 de diciembre, y aprobó el estado de información no financiera consolidado, además de la información de sostenibilidad, junto con el resto de puntos del orden del día.
