El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España está impulsando una propuesta que ha generado una significativa controversia en el ámbito empresarial. Este jueves, el Ministerio se reunirá con las organizaciones sindicales CCOO y UGT para debatir sobre la «democratización de las empresas», iniciativa que ha sido criticada enérgicamente por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La CEOE ha decidido no participar en la mesa de negociación, argumentando que el plan del Ministerio, liderado por Yolanda Díaz, representa un «nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada». El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que «con la que está cayendo», es «absurdo» debatir sobre la inclusión de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. Garamendi afirma que este tipo de medidas genera «falta de confianza e inestabilidad», lo cual podría perjudicar la inversión empresarial.
La propuesta del Ministerio de Trabajo atenta contra el artículo 38 de la Constitución, que protege la libertad de empresa
En efecto, desde la patronal consideran que también se menoscaba el Estatuto de los Trabajadores, el cual otorga la capacidad de organización y dirección a las empresas.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo planea activar el artículo 129.2 de la Constitución, que busca dar a los trabajadores voz en las decisiones empresariales y facilitar su participación en la propiedad de las compañías. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha señalado que en «dieciocho Estados miembros» de la UE existen formas de codecisión y participación, y que España es una «anomalía» respecto a la inclusión de los trabajadores en las decisiones empresariales.
Recientemente, Díaz presentó un informe en el Consejo de Ministros, elaborado por una Comisión Internacional de expertos. Este documento sugiere que los trabajadores deberían ocupar un tercio de los puestos en los consejos de administración de empresas con entre 50 y 1.000 empleados, y la mitad en aquellas con más de 1.000 trabajadores. Además, para promover la participación en la propiedad, se recomienda abrir el capital a los empleados en un mínimo del 2%, extendiéndose a un 10% en grandes corporaciones.
