La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Uatae) ha presentado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un conjunto de propuestas urgentes para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo sobre el trabajo autónomo y las pequeñas actividades económicas. Entre las medidas destaca la implementación de actuaciones fiscales extraordinarias para autónomos con ingresos bajos, como reducciones temporales del IVA en suministros esenciales, condicionadas a criterios de renta y tamaño de actividad.
El encuentro de este jueves entre Yolanda Díaz y las organizaciones de autónomos se ha centrado en el análisis de medidas inmediatas para amortiguar el impacto económico del conflicto. Tras reunirse con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, Díaz se ha comprometido a trabajar con los agentes sociales en la monitorización de los efectos del conflicto en Oriente Medio, sin descartar nuevas medidas si la guerra escala.
"España cuenta ya con un ‘escudo laboral y económico’, tejido desde hace seis años, con la pandemia del Covid, disponible si se tiene que usar", ha recordado la ministra de Trabajo, quien ha asegurado que acompañará «en todo lo que sea necesario» a las pequeñas empresas y autónomos, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.
Uatae también ha propuesto un mecanismo de devolución acelerada del IVA soportado para evitar tensiones de tesorería y una deducción extraordinaria en el IRPF para compensar el aumento de los costes energéticos. La propuesta incluye el aplazamiento automático y sin intereses de obligaciones fiscales y cotizaciones sociales para los autónomos con caídas de facturación, además de reducciones temporales de las cuotas a la Seguridad Social en los sectores más afectados.
En los escenarios más graves, se contempla activar la prestación por cese de actividad por motivo de fuerza mayor para garantizar la protección económica del colectivo. Asimismo, el plan propone impulsos al autoconsumo, apoyo a comunidades energéticas, y financiación para la electrificación de actividades profesionales.
En sectores expuestos al encarecimiento energético, como el transporte, se plantea una bonificación directa al gasóleo profesional y ayudas por vehículo. Para la agricultura, se sugiere aplicar un IVA superreducido a fertilizantes y piensos, junto a ayudas directas y el refuerzo del sistema de seguros agrarios. En el comercio y las pequeñas actividades económicas se estudian reducciones selectivas del IVA energético y ayudas directas para afrontar los costes de energía y alquileres.
