El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha reafirmado que el sindicato seguirá «peleando jurídicamente» para promover una reforma del despido en España. Esto se produce después de que el Tribunal Supremo reafirmara que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse judicialmente con cuantías adicionales que consideren las circunstancias específicas de cada caso. «No damos el caso por cerrado», ha enfatizado Sordo en una reciente entrevista en 24 horas recogida por Europa Press.
En su intervención, Sordo subrayó que, aunque el Tribunal Supremo se basa en la ley vigente, España debe considerar la necesidad de modificar dicha ley. «Una cosa es lo que diga el Tribunal, interpretando la actual ley, y otra cosa es la modificación de la ley, que creo que es un camino que tendríamos que hacer», argumentó. Además, destacó la importancia de «cerrar la puerta» al despido como solución frecuente, sugiriendo que deberían buscarse «otras fórmulas alternativas».
Según el líder sindical, aunque la reforma laboral ha mejorado la temporalidad, el sistema de despido en España permanece «libre», otorgando a los empresarios la potestad de decidir entre readmitir al trabajador o indemnizarlo en casos de despido improcedente, una situación que considera injusta en comparación con otros países.
"Creo que sería bueno abordar una negociación con el gobierno y la patronal para tratar de modificar ese régimen de despido en España con esa idea final", Unai Sordo (CC.OO.)
El polémico caso de ‘las seis de Suiza’
En un plano separado, Unai Sordo también se refirió a la encarcelación de ‘las seis de Suiza’, pidiendo que se proceda a su indulto «cuanto antes». Dicha petición surge tras la condena de cinco mujeres y un hombre a tres años y medio de cárcel cada uno por coacciones graves, en relación con protestas frente a una pastelería de Gijón en defensa de una trabajadora que denunció acoso laboral y sexual en 2017. Sordo calificó la sentencia como «absolutamente disparatada y abusiva».
Para el secretario general de CC.OO., incluso si hubo momentos conflictivos durante las protestas, la medida judicial es completamente desproporcionada. "Hablar de años de cárcel para personas que lo que han hecho es protestar por una situación laboral dentro de unos límites más que razonables, aunque a veces se calienten los ánimos, es un absoluto disparate", concluyó.
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