El nuevo sistema de cotización por ingresos reales, uno de los cambios más ambiciosos en la Seguridad Social de los últimos años, ha alterado el mapa del trabajo autónomo en España. Concebido por la Administración con la intención de ajustar las cuotas a los ingresos reales de cada profesional, el modelo pretendía equilibrar un sistema históricamente desigual. Sin embargo, los primeros datos confirman que su impacto está lejos de ser unánimemente positivo.
Según el II Informe de Pymes y Autónomos de España 2025 de Hiscox, uno de cada tres autónomos asegura haberse visto perjudicado por el nuevo régimen, mientras que un 60% declara no haber percibido cambios significativos en su negocio. Entre quienes se sienten afectados, el 66% apunta directamente a la subida de la cuota como el principal motivo, y subraya el aumento de pagos, gastos e impuestos como los factores que más han deteriorado su situación económica.
El sistema de cotización por ingresos reales se implantó con un propósito claro: vincular las aportaciones de los trabajadores autónomos a sus ingresos efectivos, siguiendo el modelo de otros países europeos. La lógica detrás de la medida es sencilla: quienes ganan más deben contribuir más, y quienes ganan menos, menos. Pero la práctica, según denuncian muchos profesionales, no está resultando tan equitativa como se esperaba.
El nuevo esquema introduce una estructura progresiva de tramos de cotización que pretende adaptarse al nivel de ingresos, pero la realidad es que la medida ha tenido efectos dispares según la naturaleza del negocio, el sector y el volumen de actividad. Mientras que algunos autónomos con bajos ingresos han notado cierto alivio en sus cuotas, otros -en especial los situados en los tramos medios- han experimentado un aumento notable de las cargas fiscales.
En palabras del informe, “entre el tercio de autónomos perjudicado, el 66% señala que la principal causa es la subida de la cuota, destacando pagos más elevados, mayores gastos y un incremento de los impuestos”.
La consecuencia directa es una reducción del beneficio neto, que a su vez limita la capacidad de ahorro, inversión y planificación financiera de los pequeños negocios. A esto se suma una sensación de incertidumbre generalizada en un entorno ya marcado por la inflación, el encarecimiento de los suministros y la desaceleración del consumo.
El pulso económico de los autónomos
La fotografía que ofrece el informe de Hiscox va más allá de los porcentajes. Dibuja un tejido autónomo que se siente presionado por un entorno de márgenes reducidos, competencia creciente y mayores obligaciones fiscales. La introducción del nuevo sistema ha obligado a muchos profesionales a replantearse su estrategia financiera y, en algunos casos, a ajustar su actividad para poder seguir siendo sostenibles.
En sectores como el comercio minorista, la hostelería o los servicios profesionales, donde los ingresos fluctúan con mayor intensidad, la rigidez de las nuevas cuotas puede convertirse en un lastre. “El sistema está pensado para ingresos estables, pero la realidad del autónomo español es la irregularidad”, comentan desde asociaciones sectoriales.
Algunos trabajadores por cuenta propia reconocen haber tenido que recortar gastos, reducir personal o incluso renunciar a ciertos proyectos para compensar el aumento de los costes.
Los defensores del modelo aseguran que la medida contribuye a una mayor justicia social y a una redistribución más equilibrada de las aportaciones, evitando que quienes declaran menos ingresos pero facturan más eludan parte de su responsabilidad contributiva. Sin embargo, los detractores advierten de que el sistema no ha tenido suficientemente en cuenta la naturaleza variable de los ingresos autónomos, ni las diferencias entre actividades económicas.
El propio informe de Hiscox destaca que para muchos de los autónomos afectados, el impacto del nuevo sistema se traduce en una “doble adversidad”: la disminución de beneficios y el incremento de la carga fiscal. Esta situación, explican los autores, “añade presión económica en un entorno ya competitivo y puede afectar tanto al ahorro como a la capacidad de reinversión en el propio negocio”.
Para realizar este informe, el estudio se ha centrado en empresas de hasta 250 empleados y con una facturación máxima de 50 millones de euros, sin importar el sector en el que operan. La investigación se ha llevado a cabo a través de una encuesta online autoadministrada entre 400 responsables empresariales que participan activamente en la toma de decisiones dentro de sus compañías. El trabajo se realizó entre el 10 y el 18 de marzo de 2025, utilizando un cuestionario estructurado y precodificado, lo que garantiza la homogeneidad de las respuestas y la validez estadística de los resultados.
