El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha condenado al grupo automovilístico Volkswagen a pagar 3.000 euros en daños a cada uno de los 5.444 afectados en España, representados en la demanda colectiva de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por el caso de los vehículos diésel que incluían un software que alteraba las emisiones de algunos automóviles de la empresa.
La sentencia dictada por el tribunal, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima las peticiones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), declarando probada que la actuación de Volkswagen representa "una práctica comercial desleal".
Por este motivo, el juez ha ordenado a la compañía cesar en esta conducta y le ha prohibido que la repita en el futuro. Además, también obliga en su escrito a reparar todos los vehículos afectados, ya sea mediante la modificación del software instalado o a través del cambio del hardware si fuese preciso. Siempre de forma gratuita.
En cuando a los consumidores afectados representados por la OCU, se les reconoce una indemnización por daños y perjuicios causados de una cuantía de 3.000 euros por afectado, ascendiendo el monto indemnizatorio total a 16,33 millones de euros, ya que se contabilizan un total de 5.444 vehículos y no los 7.542 automóviles que en un principio pedían compensación.
"OCU resalta que es especialmente importante la expresa imposición de costas, por apreciar temeridad en su conducta, es decir, porque Volkswagen ha continuado con el proceso judicial a pesar de que la OCU llevó a cabo dos intentos de conciliación para los consumidores afectados en España, sin que el grupo automovilístico aceptara ninguna opción de indemnización ni efectuara ninguna oferta de compensación", han criticado desde la asociación.
A pesar de ello, la sentencia es susceptible de Recurso de Apelación, habiendo 20 días hábiles para poder declarar la firmeza de la misma. En este sentido, fuentes del grupo automovilístico Volkswagen han confirmado a Europa Press que la compañía recurrirá dicha sentencia, por lo que los servicios jurídicos de la empresa ya están estudiando la misma.
Todo ello después de que el grupo automovilístico germano admitiese en septiembre de 2015 haber manipulado más de 11 millones de automóviles diésel en todo el mundo mediante la colocación de un dispositivo que alteraba las emisiones reales de óxidos de nitrógeno (NOx).
Solo en Alemania, Volkswagen acordó a principios del año pasado pagar hasta 830 millones de euros para cerrar la vía judicial y poner fin al caso del diésel en el país, tras llegar a un pacto con la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes, que representaba a unos 440.000 clientes.
