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Vox critica las normas de la UE y propone simplificar la legislación europea para empresas y pymes

Vox denuncia la "voracidad legislativa" de la UE y propone simplificar normativas para aliviar la carga sobre empresas españolas.

Vox critica las normas de la UE y propone simplificar la legislación europea para empresas y pymes
Por Redacción Capital

En un movimiento que busca recalibrar el enfoque legislativo de la Unión Europea, Vox ha denunciado lo que describe como la «voracidad legislativa» del organismo comunitario. El partido ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, proponiendo una profunda simplificación normativa a escala comunitaria que trascienda los paquetes de simplificación conocidos como «ómnibus». Esta propuesta ha sido registrada para debatirse en la Comisión de Industria y Turismo.

La formación liderada por Santiago Abascal argumenta que es necesario frenar lo que considera un aumento desmesurado de la actividad legislativa de la UE. Según Vox, la Unión Europea ha adoptado aproximadamente 13,000 actos legislativos en contraste con los cerca de 5,000 del Congreso de Estados Unidos. Al respecto, el partido subraya:

Resulta imperativo que España trabaje y presione en el seno de las instituciones europeas con el fin de poner freno a la desmesurada producción normativa comunitaria

En su análisis, Vox sostiene que este exceso de regulación está imponiendo costes adicionales considerables a las empresas, afectando gravemente a las pymes y favoreciendo indirectamente a compañías no europeas que no están sujetas a las mismas condiciones regulatorias.

Particularmente, Vox señala su disconformidad con las directivas europeas sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad. El partido afirma que estas directivas afectarán a más de 1,000 compañías en España, imponiendo gastos adicionales superiores al millón de euros anuales para cumplir con los requisitos burocráticos. Vox aboga por la derogación de dichas normativas y el refuerzo de las evaluaciones de impacto, con el objetivo de mitigar la carga administrativa sobre las empresas europeas y preservar la actividad industrial y el empleo.

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