La industria automovilística china atraviesa uno de sus momentos más delicados y competitivos de las últimas décadas, y el Gobierno de Pekín ha decidido intervenir de forma contundente. Las autoridades han aprobado una nueva normativa que prohíbe a los fabricantes vender coches por debajo de su coste real de producción, una práctica que se había vuelto cada vez más habitual en medio de la feroz guerra de precios que libran las marcas nacionales. El objetivo es frenar una espiral de descuentos que, aunque atractiva para los consumidores, estaba erosionando los márgenes empresariales hasta niveles insostenibles y poniendo en riesgo la supervivencia de numerosos fabricantes.
Durante años, el mercado chino del automóvil ha vivido una carrera agresiva por ganar cuota a cualquier precio. Algunas compañías reducían tarifas incluso asumiendo pérdidas directas con tal de atraer compradores y desplazar a rivales. Esta estrategia, conocida como pricing depredador, no solo presionó a los competidores más pequeños, sino que también contagió a toda la cadena de valor. Proveedores, distribuidores y concesionarios se vieron arrastrados a aceptar condiciones cada vez más duras, como rebajas obligadas o plazos de pago más largos, para no perder contratos con los grandes grupos.
El nuevo marco regulatorio introduce una definición amplia de lo que se considera coste, incluyendo no solo la fabricación del vehículo, sino también gastos administrativos, financieros y comerciales. Con ello, el regulador pretende cerrar vacíos legales que antes permitían a algunas marcas justificar precios extremadamente bajos alegando cálculos parciales. Además, la normativa prohíbe acuerdos entre fabricantes y proveedores destinados a manipular precios y veta las prácticas por las que las marcas obligaban a concesionarios a vender por debajo del coste con promesas de compensaciones posteriores.
La decisión llega en un momento especialmente sensible para el sector. El inicio del año ha estado marcado por una caída significativa de las ventas, afectadas en parte por la reducción de incentivos públicos a la compra. Esa bajada de la demanda intensificó la competencia y provocó nuevas rondas de rebajas, lo que terminó de convencer a las autoridades de que era necesario actuar con firmeza. Pekín ya había advertido de posibles sanciones para quienes continuaran con estas tácticas, pero la persistencia del fenómeno ha llevado ahora a un paso más contundente: prohibir directamente la venta a pérdidas.
Las consecuencias económicas de esta guerra comercial interna han sido enormes. Según estimaciones de asociaciones del sector, la industria habría perdido decenas de miles de millones de dólares en valor de producción en los últimos años debido a esta dinámica. Paradójicamente, la presión también ha contribuido a consolidar a algunos gigantes del mercado, capaces de soportar márgenes mínimos durante más tiempo que sus rivales más pequeños. Empresas de gran escala y fuerte músculo financiero han aprovechado la situación para ganar presencia y reforzar su posición dominante.
Otro efecto colateral ha sido la creciente orientación internacional de los fabricantes chinos. Ante la dificultad de mantener beneficios en el mercado doméstico, muchas compañías han intensificado su estrategia exportadora para dar salida a su exceso de producción. Europa y América Latina se han convertido en destinos prioritarios para estos vehículos, cuyo volumen de exportaciones ha experimentado un fuerte crecimiento reciente.
En paralelo, el Gobierno chino también ha mostrado cierta flexibilidad en el frente comercial exterior. Las autoridades han abierto la puerta a que algunas marcas negocien acuerdos específicos con la Unión Europea para sortear aranceles sobre vehículos eléctricos, siempre que se establezcan condiciones como precios mínimos o cupos de venta. Este cambio de postura indica que Pekín busca equilibrar dos objetivos: mantener la competitividad global de su industria y, al mismo tiempo, estabilizar el mercado interno.
