Hino Motors, la división de vehículos industriales del conocido grupo Toyota, ha sido condenada en Estados Unidos a abonar multas que superan los 1.600 millones de dólares (1.475 millones de euros) debido a un fraude relacionado con las emisiones de gases de escape. Según el departamento de Justicia de EE.UU., el juez Mark A. Goldsmith, del distrito Este de Michigan, aceptó la declaración de culpabilidad de Hino Motors, que fue acusada de participar en una «conspiración criminal de varios años para defraudar al Gobierno de los EE.UU., así como a los consumidores estadounidenses e introducir ilegalmente mercancías en el país.
La resolución judicial impone a la empresa una multa penal de 521,76 millones de dólares (481,19 millones de euros) y establece un período de libertad condicional de cinco años, durante el cual se le prohíbe importar a EE.UU. cualquier motor diésel fabricado por la compañía. Además, el tribunal dictó una sentencia de decomiso de 1.087 millones de dólares contra Hino Motors, obligando a la empresa a implementar un programa integral de cumplimiento y ética, así como una estructura de información.
Los ingenieros de Hino Motors presentaron solicitudes falsas de aprobación de certificación de motores, alterando regularmente los datos de las pruebas de emisiones
Los registros judiciales revelan que, entre 2010 y 2019, los ingenieros de Hino Motors no solo alteraron datos de emisiones, sino que también realizaron pruebas de manera incorrecta y presentaron datos sin llevar a cabo las pruebas subyacentes. Esto condujo a la presentación de datos fraudulentos sobre las emisiones de dióxido de carbono, lo que resultó en valores de consumo de combustible engañosos para sus motores. Este fraude permitió a Hino Motors importar y vender más de 105.000 motores no conformes entre 2010 y 2022, principalmente instalados en camiones pesados fabricados y vendidos por la empresa en toda la nación.
Adam Gustafson, Fiscal General Adjunto en funciones de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del departamento de Justicia, destacó que «la división de la compañía asiática importó ilegalmente más de 105.000 motores que no cumplían con las normas de emisiones de Estados Unidos y mintió sobre lo que estaba haciendo». Además, mencionó que la conducta delictiva de Hino otorgó una ventaja comercial injusta sobre otras empresas respetuosas con la ley, generando más de 1.000 millones de dólares (922 millones de euros) en beneficios brutos.
Por su parte, la fiscal federal en funciones del Distrito Este de Michigan, Julie Beck, reafirmó el compromiso de su oficina de responsabilizar a los actores corporativos que mienten a los reguladores y realizan prácticas ilegales en el mercado estadounidense.
