Con el inicio de 2025, la Unión Europea pone en marcha la directiva ‘CAFE’ (Emisiones de Combustible Medias Corporativas) que establece un límite de emisiones de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro para los coches vendidos en los 27 países de la UE. Esta normativa responde a un objetivo más amplio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, marcando una disminución del 15% en comparación con los niveles establecidos a principios de la década.
El regulador europeo ha previsto sanciones severas para los fabricantes que no logren cumplir con estos estándares. Las multas pueden ascender a 95 euros por cada gramo de CO2 que exceda el límite, lo que podría traducirse en multas multimillonarias para las marcas que no consigan alcanzar los objetivos de venta de vehículos ‘cero emisiones’.
Desafíos para la industria automovilística
A partir de 2025, el límite de emisiones se reducirá aún más, alcanzando 49,5 gramos de CO2 por kilómetro, con la vista puesta en la prohibición de hecho de las ventas de vehículos de combustión interna para 2035. Sin embargo, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha manifestado la necesidad de mayor claridad sobre el empleo y las inversiones para evitar un impacto negativo en la competitividad de la industria automovilística europea, que se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática para 2050.
La ACEA advierte que para cumplir con los objetivos más estrictos de reducción de CO2, es crucial una interacción fluida entre múltiples factores, tanto internos como externos. Actualmente, las ventas de vehículos eléctricos en Europa representan el 13% de la cuota de mercado, lo que está 10 puntos porcentuales por debajo de lo que se considera necesario para cerrar la brecha hacia los objetivos establecidos.
Según proyecciones de la industria, el monto total de sanciones por incumplimiento variaría entre 10.000 y 16.000 millones de euros, aunque algunas fuentes sugieren que el impacto real podría limitarse a 5.100 millones de euros. De no alcanzar el nivel de ventas estipulado, los fabricantes tendrían que retirar 2,5 millones de coches de combustión de su producción.
A pesar de estas preocupaciones, varios países europeos han tratado de presionar a Bruselas para retrasar la implementación de la normativa. Francia e Italia han liderado esfuerzos para evitar posibles sanciones, mientras que Rumanía, que todavía no cuenta con vehículos eléctricos en su catálogo, considera que el enfoque de electrificación de la UE es demasiado severo.
