La economía española ha iniciado el curso 2025/2026 con la bendición del ‘oráculo’ de la solvencia, ese influyente grupo formado por las tres principales agencias internacionales de calificación crediticia (Standard & Poors -S&P-, Moody’s y Fitch). La primera ha subido la ‘nota’ de España hasta ‘A+’, lo que nos sitúa en el nivel de Portugal, Japón o China, por encima de Italia y por debajo de Francia o Reino Unido. Las otras dos firmas han mejorado nuestra perspectiva hasta el escalón de ‘positiva’, el paso previo a una subida de rating.
De esta forma, el Estado y varias comunidades autónomas como Madrid o Andalucía se aseguran poder colocar los diferentes títulos de deuda pública a precios razonables durante los próximos meses, tanto para refinanciar una parte importante de los 1,7 billones de euros de pasivo estatal, como para emitir títulos nuevos que soporten el creciente gasto público. Según estimaciones del Tesoro, España se endeudará con otros 55.000 millones en 2025.
La mejora de la perspectiva del rating de España es una noticia positiva también para el sector privado, ya que refuerza la capacidad de ‘papá Estado’ para salir, Dios no lo quiera, al rescate de las empresas en caso de que existan problemas de financiación. En esencia, una calificación crediticia superior se extiende al conjunto de los emisores de una economía, pero -siempre hay un ‘pero’- aquí entramos de nuevo en la paradoja.
"Las agencias respaldan la capacidad del Estado para colocar deuda a precios razonables sin conocer ni dónde va a gastar el dinero ni cuánto capital adicional va a necesitar”
Resulta llamativo que esta mejora de rating de la deuda de España se produzca en un contexto en el que no sabemos cuánto dinero de más se va a gastar el año que viene la Administración y, por extensión, cuánta deuda ‘extra’ va a tener que emitir el Estado para financiar este desembolso indeterminado. Al cierre de septiembre, nuestro país seguía sin presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, por tercer año consecutivo, ante la ausencia de apoyo parlamentario.
Lo anterior no es un obstáculo para que las agencias premien el ‘dinamismo’ de una economía española cuyo PIB crece más que los países de su entorno impulsado, en gran parte, por un creciente gasto público imprevisto. Es decir, que el Estado español mejora su solvencia para emitir deuda sin saber, aunque sea por la estimación de los PGE, cuánta deuda adicional va a tener que colocar en el mercado y cuánto más va a gastar la Administración en un año teóricamente preelectoral.
En cualquier caso, lo que está claro es que el citado ‘dinamismo’ de la economía española viene soportado por una de las ramas de la Administración que mejor funciona: la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), más conocida como Hacienda. La maquinaria de recaudación está perfectamente engrasada y los ingresos fiscales ‘extra’ rozaron ya en verano las estimaciones para el conjunto del año. El Gobierno cifró en 4.500 millones de euros su previsión para todo 2025, y en el séptimo mes, la cifra ya superaba los 4.100 millones.
Entre las razones que explican este fenómeno, destacan el regreso de los tipos altos del IVA de los alimentos, igual que sucede con las retenciones de la energía. La tributación general del 21% regresa con ingresos crecientes en estos dos segmentos de la ‘cesta de la compra’, y también vuelve el IVPEE, que fue suspendido en 2021, y aumenta el impuesto especial sobre las labores del tabaco.
El impuesto a la banca, por cierto, recaudó hasta julio un total de 566 millones de euros, cifra que se suma a los más de 300 millones aportados por los cambios en las deducciones en Sociedades. Si hablamos de ‘dinamismo’, quizá lo más apropiado sería adjudicarle esta calificación a la creativa capacidad de la AEAT para disparar los ingresos a costa del sector privado.
