“El 36% de los trabajadores que son graduados superiores ocupa posiciones profesionales que no son de alta cualificación”
Promover la mejora de la empleabilidad de los graduados universitarios es una de las prioridades estratégicas de la Fundación CYD, que desde hace más de veinte años está comprometida con la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España. Con este objetivo el Informe CYD, que analiza la relación universidad - sociedad, trata el encaje entre la formación superior y las demandas del mercado laboral.
El Informe CYD 2021/2022 ofrece datos sobre la inserción laboral de los graduados universitarios, en los que se constatan desajustes en ámbitos como el empleo de los egresados, la sobrecualificación, la falta de egresados en algunas profesiones o el desequilibrio entre los contenidos y competencias ofrecidas por la universidad y las que demandan las profesiones.
En España, cada vez es mayor el número de graduados superiores en relación con el total de la población: el 40,7% tiene estudios superiores. Es el dato más alto de la historia y parece positivo, pero si la oferta de titulados no encaja con los puestos de trabajo, se da una situación de desempleo o de ocupación en trabajos para los que están sobrecualificados. Las estadísticas lo confirman: el paro de los titulados españoles es el mayor en porcentaje de la Unión Europea y el 36,1% de los trabajadores que son graduados superiores ocupa posiciones profesionales que no son de alta cualificación.
El problema no es el alto porcentaje de titulados, sino que la estructura productiva española no crea suficientes empleos de alta cualificación. España es el cuarto de los 27 países de la UE con un porcentaje más bajo de ocupaciones de alta cualificación (35,5% frente al 42,4%).
Observamos otro desajuste: la demanda de titulados en STEM (ingenierías, TIC, ciencias naturales, matemáticas y estadística) es superior a la oferta y en las dos últimas décadas ha descendido el número de egresados en ámbitos como la ingeniería e informática. El porcentaje de titulados en España en las STEM es inferior en 6 puntos porcentuales respecto a la UE (19% frente a un 25%).
El reto de más difícil de solucionar es la composición de los niveles de formación de la población española. En España el 40,7% tiene estudios superiores, un 36,1%, los mínimos obligatorios, y un 23,2%, grado medio, una situación que contrasta con la de la Unión Europea, donde el 33,4% está titulado en educación superior, un 45,9% posee un grado medio y un 20,7% tiene estudios mínimos obligatorios como máximo.
Los porcentajes de la base educativa, la de los mínimos obligatorios, y los de la cúspide universitaria son demasiado elevados, dejando la franja del medio con pocos efectivos. Habrá que atacar el problema del fracaso escolar y dotar de más atractivo a la profesionalización no universitaria, añadiendo las pasarelas que convengan y el carné profesional.
En cuanto a los desajustes entre la oferta y la demanda, hay que mejorar el diagnóstico tanto a nivel nacional como local, sistematizar la colaboración entre la universidad y el sistema productivo y con los ocupadores. Habrá que crear una red de buenas prácticas con orientación de los estudiantes a todos los niveles; titulaciones que encajen con las necesidades; adaptación de los planes de estudio; evaluaciones de la calidad; prácticas en la empresa; formación dual; doctorados industriales o movilidad entre instituciones de formación y ocupadores, entre otros. Las soluciones no están sólo en la regulación, sino también en la organización del sistema contando con los incentivos adecuados.
La universidad es clave para el progreso y su trabajo tiene que encajar con las demandas de la sociedad, entre ellas, la calidad y la adecuación de los egresados. Ello precisa de una definición de los objetivos, flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus alumnos y de los ocupadores, una buena gobernanza y un management profesional. Y, lógicamente, de dotar a los actores de los recursos necesarios.
