En mitad del debate sobre la transferencia política de las competencias en materia fiscal a la Generalidad de Cataluña, y la situación de discriminación en el ámbito de los ingresos tributarios que ello provoca en el resto del país, iniciamos el curso 2024/2025 con viejos problemas renovados en el ámbito de la consolidación de las cuentas públicas españolas. El déficit de las comunidades autónomas está otra vez disparado, lo cual es difícil de explicar en un contexto de crecimiento económico y de aumento generalizado de los ingresos públicos como consecuencia, precisamente, de este incremento de la actividad.
Concretamente, el déficit de las regiones se disparó un 40,6% hasta mayo en tasa interanual, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que también recoge que la Administración Central redujo su desequilibrio un 25,4%. Parece el mundo al revés, especialmente, si comparamos el modelo económico que se desarrolla en la mayoría de las comunidades -supuestamente, liberal- con el del Gobierno -supuestamente, socialdemócrata-. Vamos con los datos.
Las comunidades registraron un ‘agujero’ de 10.446 millones de euros entre enero y mayo, 3.019 millones superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio 2023 -7.427 millones-. Por el contrario, el Estado central y sus diversos organismos dependientes registraron un déficit de 7.953 millones de euros en los cinco primeros meses, frente a los 10.658 millones del pasado ejercicio. Es decir, 2.705 millones menos que hace un año.
¿A qué se debe el aumento del déficit de las comunidades autónomas? Pues a aumentos del gasto (+5,9%) que desbordan toda la subida de los ingresos (+2,9%). Por partidas, vemos que las regiones incrementan el gasto en salarios de funcionarios -2.055 millones de euros más-, en intereses de la deuda -620 millones ‘extra’, un 26,3% más- o en inversión -formación bruta de capital fijo, 1.042 millones adicionales-. Estos son solo ejemplos, ya que todas las partidas crecen.
Por regiones, la Comunidad de Madrid, sorprendentemente, dispara su déficit público un 38,8%, desde los 1.285 hasta los 1.784 millones de euros -499 millones más-, mientras que Cataluña, sorprendentemente también, lo reduce desde los 1.766 hasta los 1.668 millones. Como hemos comentado anteriormente, este escenario parece el mundo al revés, pues la política liberal debería ir encaminada a reducir el desequilibrio presupuestario y, por extensión, la ‘bola’ de deuda pública que arrastra España y que cada vez es más pesada.
"El ‘agujero’ de las comunidades aumenta un 40,6% en un contexto de mayor crecimiento económico e ingresos al alza, lo cual es difícil de explicar"
Más de 1,6 billones de euros de pasivo soberano al cierre del primer semestre, según el Banco de España, generada por el Estado, por las comunidades, por los ayuntamientos y por la Seguridad Social. Es decir, que cada español ‘debe’ ya 34.574 euros al Banco Central Europeo (BCE) y a los inversores que compran letras, bonos y obligaciones, un lastre generado por la política de gasto de los diferentes miembros de la Administración Pública.
En el contexto del control del déficit y del equilibrio presupuestario, no obstante, el debate está fuertemente viciado porque los gobiernos regionales que hacen ‘oposición’ al Ejecutivo central -la mayoría- denuncian que éste beneficia económicamente a las comunidades gobernadas por partidos que apoyan su particular estrategia en el Congreso de los Diputados. Independientemente de que tengan o no razón, éste argumento sólo afectaría a la vía de los ingresos, ya que por la del gasto -que es la que, relativamente, mejor se puede controlar- no se han presentado grandes planes de ajuste.
Nuevamente, y esto sucede también todos los años y lo hemos contado en Capital, la estadística que ofrece la IGAE está ‘dopada’ para beneficiar la gestión presupuestaria de la Administración. La previsión de PIB que utiliza el organismo para calcular la ratio de déficit público es de 1,55 billones de euros, lo cual implica suponer que la economía española registrará un crecimiento del 6% este año -más del doble del previsto- frente a los 1,46 billones registrados en 2023.
