La lucha contra el cambio climático ha sido y es un negocio muy rentable, tanto para las empresas como para las Administraciones Públicas. Esta tendencia, realmente positiva y necesaria por los efectos vistos en las últimas décadas, ha modificado estrategias empresariales, urbanísticas y de planificación energética pública y privada en todo el planeta. Pero el cuidado del medioambiente y las acciones en favor de un mundo más sostenible y verde son dos elementos que han sido llevados al extremo.
Ha tenido que ser Bill Gates, el empresario más famoso del mundo, el primero en ‘recoger velas’ y alertar de que el cambio climático ‘no conducirá a la desaparición de la humanidad’ y que otros factores -como puede ser la reducción del hambre en el mundo, sin ir más lejos- son igual de importantes. Este cambio de opinión es llamativo, ya que, en 2019, antes de la pandemia, Gates defendió firmemente una política de emisiones cero y cualquiera que estuviera mínimamente en contra de esta postura era tachado de negacionista o, incluso, cavernícola.
Bill Gates genera un replanteamiento global de la política sobre el cambio climático que podría tener efectos positivos en la economía mundial
Como suele suceder, los extremismos no son buenos en ningún contexto, y esta reconsideración de la política climática puede ser positiva por la extensión de los plazos necesarios para, por ejemplo, el proceso de ‘electrificación’ del parque automovilístico global o el cambio en el mix energético en favor de una ‘nueva vida’ para las centrales nucleares. El perfecto ejemplo lo hemos visto con la central de Almaraz, cuyas empresas gestoras han pedido la extensión de su vida útil hasta 2030.
En este contexto, un replanteamiento de la política energética también podría derivar en un cambio en la política fiscal relacionada con el clima. En el caso de España, este escenario pone en duda figuras tributarias como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables o la recarga aplicada al diésel, que, sin duda, han impactado en los bolsillos de los españoles y en las cuentas de las empresas en los últimos años junto con la temida inflación.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya puso la voz de alarma al señalar que estos tributos tienen “más un fin recaudatorio que una estrategia de reducción de residuos o emisiones”. El nudo gordiano de la política fiscal no debería tener más justificación en clave ambiental que impacto en la economía real. ¿Darán marcha atrás con los tributos verdes en caso de que los líderes globales decidan ‘darse un respiro’ en esta carrera sostenible? Esto es bastante improbable.
En cualquier caso, mientras se discute si la política fiscal global debe ser menos ‘verde’, la cuenta de gastos de la Administración Pública no para de engordar. Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el sistema de pensiones necesitó una inyección de 40.000 millones de euros durante los primeros nueve meses del ejercicio, un 16% más que la registrada en 2024, para hacer frente al pago de las prestaciones contributivas. En esencia, las aportaciones de los trabajadores y las empresas nos son suficientes para cubrir las obligaciones de pago.
Además, el gasto en intereses de la deuda del Estado sigue disparado y, hasta agosto, alcanzó los 23.370 millones de euros gracias al imparable engorde del apalancamiento estatal, que ronda los 1,7 billones. Esto supone un incremento del 9,1% en términos interanuales, casi el doble que el aumento de los salarios de los funcionarios (+4,9%) y más del triple que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre (+2,8%, datos del INE).
Lo que sostiene esta fiesta del gasto público es la recaudación, verde y no verde, que sigue registrando récords históricos todos los meses. Entre enero y agosto, casi 210.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria (AEAT). Que siga la fiesta.
