Hay un patrón que se repite como un virus institucional allá por donde pasa el PSOE: la conversión de organismos públicos en terminales ideológicas del poder ejecutivo. Lo vimos con el CIS, que pasó de ser un instituto demoscópico a convertirse en una herramienta de agitación propagandística al servicio de Pedro Sánchez -el Centro de Investigaciones Sanchistas-. Y lo estamos viendo ahora, con igual descaro, con el Banco de España.
En septiembre del año pasado, el Gobierno decidió colocar al frente de la institución monetaria más importante del país a un político de partido, José Luis Escrivá, ex ministro de Seguridad Social. En lugar de escoger a un técnico independiente, se optó por un político dependiente del PSOE. No contento con ello, el Ejecutivo rompió además la costumbre no escrita de que el Gobierno proponga al gobernador y la oposición al subgobernador.
Sánchez lo concentró todo, designó tanto al gobernador como a la subgobernadora e incorporó al consejo a varios nombres afines, algunos desde el Gobierno y otros a propuesta de socios como ERC. El resultado: un Banco de España politizado desde la raíz, con su independencia amputada de facto.
Los efectos no han tardado en llegar con la publicación del informe anual sobre la economía española, el documento más importante que elabora la institución y que, en esta ocasión, ha llegado con sorpresas. Tres, en particular, llaman poderosamente la atención.
La primera: su extensión, un tercio inferior a la habitual. La segunda: las pensiones públicas, tradicionalmente señaladas como un factor de riesgo para la sostenibilidad fiscal, han desaparecido como preocupación de largo plazo. Vaya por Dios, justo cuando el nuevo gobernador fue el ministro que aprobó la última reforma que, según los organismos internacionales, empeora la viabilidad del sistema. Y tercera: el informe tampoco analiza medidas clave del programa gubernamental como la reducción de la jornada laboral o la condonación de deuda autonómica. ¿Casualidad? Ninguna.
“Lo urgente no es nombrar a otro técnico que enmascare la intromisión política, sino reconstruir las barreras que separaban la política económica de la propaganda económica”
A la luz del giro copernicano en el contenido del informe, uno podría haber pensado que el cuerpo técnico del Banco de España había cambiado, con nuevos directores en sustitución de los anteriores. Pero no: el informe ha sido elaborado, como en años anteriores, por el mismo director general de Economía, Ángel Gavilán. ¿Qué explica entonces el repentino viraje? Las presiones políticas del nuevo equipo dirigente.
Esa presión no es una conjetura. A las pocas horas de publicarse el informe, Ángel Gavilán presentó su dimisión irrevocable. No lo hizo por motivos personales o familiares, sino por dignidad profesional, porque el Consejo de Gobierno del Banco de España, presidido por Escrivá y dominado por el PSOE, se entrometió de manera sistemática en la redacción del informe. Exigieron eliminar temas ‘incómodos’ como el análisis de las pensiones y retiraron capítulos ya elaborados, como uno sobre el estado de la competencia en España trabajado junto a la CNMC.
Este episodio no es un simple escándalo burocrático. Es un paso decisivo en la desnaturalización de uno de los últimos organismos técnicos que aún conservaban cierto prestigio y autonomía. Si los informes del Banco de España deben pasar por el filtro ideológico del Gobierno, entonces deja de ser un organismo público de supervisión técnica para convertirse en un boletín económico del partido gobernante.
Y lo más grave es que el daño ya está hecho, porque quien sustituya a Gavilán -aunque sea un técnico- ya sabrá perfectamente qué se puede escribir y qué no, qué temas pueden tocarse y cuáles no, qué conclusiones son aceptables y cuáles no. No hará falta que Escrivá dicte instrucciones expresas: bastará con que el nuevo director se autocensure, una censura preventiva que neutraliza de raíz la independencia intelectual del cuerpo técnico del Banco de España.
Este episodio no debería sorprendernos, el PSOE lleva años aplicando el mismo patrón colocando a personas de confianza en órganos supuestamente independientes. Si nadie lo impide, lo hará con cualquier otra institución que aún conserve una brizna de autonomía.
El deterioro institucional no se produce de un día para otro. Se construye lentamente, con cada paso que socava la credibilidad técnica de los organismos públicos. Y cuando el prestigio desaparece, lo que queda es propaganda con apariencia de rigor. El Banco de España se encamina hacia esa misma ciénaga. Lo urgente no es nombrar a otro técnico que enmascare la intromisión política, sino reconstruir las barreras que separaban la política económica de la propaganda económica. De lo contrario, sólo quedará una voz: la del Gobierno, amplificada por instituciones que, en teoría, nacieron para vigilarlo.
