“Cataluña es menos solvente, menos atractiva para la inversión, el emprendimiento y la creación de riqueza que antes del estallido del independentismo", escribe el director de Capital
La incertidumbre política que vive España abona el terreno, una vez más, para la peligrosa improvisación presupuestaria, tanto a nivel estatal, como regional. Este escenario, que ya pone de relieve hasta la agencia de calificación crediticia Moody’s, supone un lastre para la competitividad empresarial, para la cohesión territorial y para la igualdad, y seguirá afectando, fundamentalmente, al bolsillo del ciudadano. Y también, a las cuentas de resultados de las empresas.
En esencia, cualquier posible discusión que se plantee sobre el ajuste del gasto público -necesario para el equilibrio a largo plazo, pero malo para el respaldo popular a corto- tiene una rápida contrapartida por la vía de los ingresos que se puede ‘vender mejor’ de cara al potencial votante. Desde la visión política, es más rentable subir impuestos a los ‘ricos’ y a los empresarios del Ibex 35, esos ‘malvados entes capitalistas’, o denunciar un trato fiscal desigual entre comunidades autónomas que comprometerse a gastar menos, es así de sencillo.
En esta línea, el gobierno autonómico de Cataluña ha planteado, en su cada vez más extensa lista de exigencias previa a un posible referéndum para la independencia, la cesión del 100% de los impuestos que se generan en el territorio. Tanto la gestión de los mismos, como el cobro. Hasta la fecha, el Gobierno ha cedido en prácticamente todas las peticiones del regionalismo catalán, que es el que sostiene a un Ejecutivo con nula capacidad de negociación.
La hipotética creación de una Hacienda catalana sería “irreversible”, según denuncia la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que también considera que es “inconstitucional” y que provocaría la “ruptura” de la Agencia Tributaria (AEAT). La Constitución de 1978 era prácticamente inviolable, pero una gran parte de los acontecimientos políticos de los últimos años sugieren que el concepto de ‘inconstitucionalidad’ ya no tiene la gravedad de antaño. El constitucionalismo social y económico está herido en nuestro país por el auge de los nacionalismos, cada vez más caros de mantener.
El clima político que se deriva de las aspiraciones secesionistas, de momento, sin frutos, ha tenido un impacto económico enorme en los últimos siete años. Cataluña ha sufrido una fuerte deslocalización de sedes de empresas desde el año 2017, de las cuales, la mayoría ni ha regresado ni pretende hacerlo en el corto o medio plazo. Según IHE, la creación de la hipotética Hacienda catalana aumentará esta ‘sangría’ de compañías fuera del territorio, tanto por persecución tributaria como por inseguridad jurídica, los dos principales ‘enemigos’ del sector privado.
En términos de PIB, y acrecentado por todo lo anterior, Cataluña ha perdido en los últimos años la primera posición en cuanto a generación de riqueza regional en favor del modelo liberal de Madrid. De hecho, la causa de este ‘sorpasso’ está directamente relacionada con el independentismo: la economía madrileña superó a la catalana justo en 2017, cuando se produjo la declaración unilateral de independencia que es el germen del conflicto territorial actual.
Aquel año 2017, la Comunidad de Madrid registró un PIB de 222.566 millones de euros, frente a los 221.482 millones de Cataluña. Esa ‘brecha’ de riqueza de 1.084 millones se amplió en 2022 -último año disponible- hasta los 6.559 millones, seis veces más, y sigue creciendo mes a mes.
Además, fruto de sus múltiples desequilibrios, de la corrupción y de las medidas contra la libertad y la unidad del mercado, Cataluña hace muchos años que no puede financiarse de forma autónoma en los mercados. La posibilidad de crear un organismo como el del Tesoro en la región, que emita bonos y Letras, no es una opción viable. Los dirigentes catalanes han optado por imponer la condonación de deuda en detrimento del Estado central, con el beneplácito del Gobierno.
En síntesis, esta hipotética nación catalana es hoy menos solvente, menos atractiva para la inversión, el emprendimiento y la creación de riqueza y tiene menor capaz de supervivencia de forma autónoma que antes del independentismo. Cataluña es hoy más pobre y está más dividida que antes de la ofensiva secesionista, y la fractura social es incluso más amplia que la económica.
