La capacidad de crecimiento de España sigue sorprendiendo a todos los grandes actores de la escena internacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 2,5% este año. Este aumento de la actividad económica tiene un valor especial, porque se produce en un contexto global complejo, con varios conflictos armados en el mundo y en plena guerra arancelaria de Donald Trump, presidente de EEUU, frente al resto del planeta. Y sí, también contra nuestro país, que parece que todo lo aguanta.
La economía española parece un ‘oasis’, pero cae en un escenario de autocomplacencia que oculta algunos problemas graves que requieren reformas estructurales. Estas modificaciones de calado necesitan un consenso que hoy en día parece imposible a nivel político, por la fragilidad de la coalición del Gobierno de la nación, y afectan al sistema eléctrico, al modelo público de previsión social y al mercado de la vivienda.
El reciente e histórico ‘apagón’ de la red eléctrica española del pasado 28 de abril, que dejó a todo el país colapsado y sin suministro eléctrico durante más de diez horas, obliga a pensar en un modelo que, independientemente de la agenda ideológica y del impulso a la energía renovable, asegure la sostenibilidad del sistema. El famoso ‘mix’ energético actual no puede provocar una situación similar nunca más.
Una economía expuesta a situaciones de ‘cero absoluto’ (el término que toda España aprendió aquel día de finales de abril) refleja debilidad a todos los niveles, tanto económico, como social e institucional. La Administración debe apoyarse en los expertos del sector privado, en las empresas energéticas españolas, que siempre han sido una referencia en el ámbito internacional y ‘objeto de deseo’ de los gigantes globales.
Además, el incremento sustancial de la actividad económica de nuestro país no permite, de momento, que la Seguridad Social sea capaz de asumir el aumento progresivo del coste de las pensiones. La recaudación tributaria está disparada y registró un avance neto del 9,3% hasta febrero -un 8,4% en el conjunto de 2024-, lo que hace prever un nuevo máximo histórico de los ingresos fiscales. Pero no es suficiente.
“Las capacidades económicas reales son ilusionantes, pero la excesiva intervención pública en determinados mercados desdibuja las opciones de desarrollo”
A la vista de los datos, España tiene un problema de gastos -o, mejor dicho, de prioridades en la asignación de estos desembolsos- y no de ingresos. En 2024, el déficit del Estado central se situó en 47.297 millones de euros, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Este ‘agujero’ es la consecuencia de un incremento del 9,7% en los pagos no financieros que no pudo ser soportado por el avance del 6,4% en los recursos disponibles (impuestos y cotizaciones sociales).
El gasto en pensiones ya supera los 200.000 millones de euros y su incremento se está financiando cada vez en mayor cuantía con deuda pública, ya que la población envejece -mayor número de perceptores no compensado con el aumento del número de trabajadores de activo- y el índice de revalorización de las prestaciones también lo hace -coste ‘unitario’ superior-. Más pensionistas cobran cantidades cada vez más altas y este incremento no se compensa con las cotizaciones sociales de los cotizantes, así de sencillo.
Y la tercera ‘pata’ de discordia es el mercado inmobiliario. La oferta de vivienda nueva apenas creció el 1,2% en 2024, en un momento de fuerte demanda que exige agilizar las licencias de construcción, tal y como recomienda el Banco de España. El plan, según señalan los expertos, no debe pasar por poner trabas y limitaciones al alquiler ni a los propietarios, sino en poner a disposición del mercado nuevos pisos y casas, tanto para venta, como para arrendamiento.
En resumen, España dibuja un panorama en el que las capacidades económicas reales son ilusionantes, pero en el que la intervención pública en determinados mercados desdibuja las opciones de desarrollo en proporción similar.
