“Con una inflación más moderada, tipos altos y productividad estancada, la única forma de evitar la crisis de deuda pasa por amasar superávits presupuestarios”
La deuda pública española se estancó, antes de la crisis del Covid, por encima de los 90 puntos del PIB. Ni los gobiernos del PP ni los del PSOE fueron capaces de meterle un mordisco considerable a esa losa que, recordémoslo, se ubicaba más de 30 puntos por encima del objetivo a medio plazo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Después de la crisis del Covid, esa ratio se disparó hasta el 125% del PIB: un inquietante aumento adicional de unos 30 puntos debido tanto a la fuerte emisión de deuda para ‘estabilizar’ la actividad económica suspendida por restricciones sanitarias cuanto al (en parte) artificial hundimiento del PIB durante esos años.
Sin embargo, y tras ese peligrosísimo estallido de la deuda pública hasta el 125% del PIB en el primer trimestre de 2021, la carga representada por el stock de pasivos estatales fue menguando hasta el 112,8% del PIB en el primer trimestre de 2023. En apenas dos años, pues, habíamos recortado la ratio deuda/PIB en unos 12 puntos: ésa era la gran baza de Sánchez cuando, en los debates electorales, se mencionaba el problema de la deuda.
“Sí, ha subido mucho y está muy alta, pero ya ha empezado a descender a un ritmo muy esperanzador”. Desde luego, si cada año el peso de la deuda pública sobre el PIB cayera en 6 puntos porcentuales, no habría demasiado de lo que alterarse: en menos de una década, cumpliríamos sobradamente los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El problema, claro está, es que semejantes extrapolaciones jamás fueron realistas. No sólo porque el PIB real durante 2021 y 2022 creció a un ritmo que desde luego no iba a poder mantenerse en el tiempo (su causa no era otra que el rebote post-pandemia), sino, sobre todo, porque el periodo 2021-2022 (período durante el cual, repetimos, la ratio deuda/PIB cayó 12 puntos) estuvo caracterizado por una inusualmente alta inflación.
Recordemos que el denominador de la ratio deuda/PIB es el PIB nominal, es decir, el valor (en euros corrientes) de la producción final de España durante un año. Por consiguiente, puede incrementarse tanto porque crezca el volumen de producción real cuanto porque sus precios se encarecen. Y esto último fue lo que sucedió predominantemente.
Dicho de otro modo, la alta inflación que tanto ha empobrecido a tantos ciudadanos también ha servido para licuar parte de la carga que suponen los pasivos públicos. Tan es así que, si en 2021 y 2022 hubiésemos alcanzado estabilidad de precios, la ratio deuda pública/PIB no hubiese descendido ni en un solo punto porcentual: se habría mantenido anclada en el máximo del 125%.
Por tanto, toda la caída de este porcentaje durante los últimos dos años (ese descenso del que se vanagloriaba Sánchez) se ha debido al inflacionismo de ese mismo periodo. De ahí que, en ausencia de nuevas oleadas de inflación, la perspectiva de aminorar la carga de nuestra deuda sea bastante menos optimista.
De hecho, en el segundo trimestre de 2023, etapa en la que España regresó a la estabilidad de precios, la ratio deuda pública/PIB volvió a aumentar por primera vez desde comienzos de 2021: pasó del 112,8% al 113,1%. Todo lo cual nos muestra que el camino que tenemos enfrente para mejorar nuestra solvencia no será tan recto como nos sugería Sánchez. Viene con curvas.
Con una inflación más moderada, tipos de interés altos y con una productividad estancada, la única forma de evitar una crisis de deuda pública a medio plazo pasa por amasar superávits presupuestarios que, en lugar de incrementar el denominador de la ratio deuda/PIB, disminuyan el numerador. Pero eso requerirá regresar a una cierta ortodoxia fiscal (la tan denostada austeridad) que, al menos de momento, ningún partido tiene la menor intención de ejecutar.
