La economía española afronta en 2026 un reto claro: solucionar la crisis de precios de la vivienda con medidas estructurales y con vocación de largo plazo. Con informes casi semanales que dibujan un mercado cada vez más inflacionista -en ciudades como Madrid, el incremento interanual roza el 20% a cierre de 2025, según Tinsa-, los ciudadanos miran a la Administración en sus tres niveles, estatal, regional y local, buscando soluciones. Básicamente, reclaman planes de desarrollo urbanístico para que el país pueda construir nuevas casas.
Los gobernantes, mientras tanto, lo que miran es el corto plazo: las encuestas para un 2026 con varias citas con las urnas a nivel autonómico, con un Congreso fragmentado y con un Gobierno que podría verse obligado a adelantar las elecciones en España al presente ejercicio ante la falta de apoyos parlamentarios. Por no poder, no ha podido ni sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria y el límite de deuda pública con el apoyo del Congreso, y en verano dijo que presentaría los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de cierre de 2025… Ahora prevén presentarlos durante el primer trimestre de 2026, y eso, probablemente, tampoco sucederá.
Y el Ejecutivo tiene razón cuando dice que se puede gobernar con presupuestos prorrogados, pero ello limita su capacidad de acción en todos los ámbitos y los cambios estructurales que precisan sectores como el de la vivienda. Todos los expertos coinciden en que falta suelto finalista y una regulación urbanística más ágil y expansiva, ambos factores, dependientes de la Administración.
A lo anterior se suman los incrementos en los costes de construcción y ciertas dificultades de financiación que dibujan un panorama sombrío y de difícil solución. Esos son los cuatro factores que, a grandes rasgos, identifican los inversores de este mercado, potencialmente muy rentable. En cualquier caso, la visión general es que el problema de la vivienda no parece que, por sí solo, ponga o quite votos en las urnas, a pesar de ser una de las principales preocupaciones de los españoles.
Las previsiones macroeconómicas mantienen el optimismo respecto a los datos de PIB y de capacidad de creación de riqueza y empleo de España, independientemente de que ese capital que se está generando pueda nutrir de viviendas al país. Es más, la inflación al único que beneficia claramente es al Estado. La recaudación fiscal está en niveles históricos y, según datos de la Agencia Tributaria (AEAT), hasta noviembre los ingresos superaban los 300.000 millones de euros, un 10% más que en 2024.
El incremento total, en términos interanuales, es de 27.362 millones de euros más de recaudación. Según la AEAT, los cambios normativos -en su gran mayoría, subidas fiscales- aportan 7.364 millones de euros. La mitad corresponde a Sociedades -3.650 millones- y una cuarta parte, al aumento de tipos del IVA en la alimentación -1.936 millones ‘extra’-.
En términos de ingresos tributarios, a la Administración le viene bien la inflación, ya que el IVA aporta más por efecto director, y, en el caso del IRPF, los salarios vinculados al IPC en convenio también aportan mayores ingresos. Con este escenario, el Estado central logró reducir su déficit público un 17,8% en noviembre, en términos de contabilidad nacional, desde los 38.107 hasta los 31.321 millones de euros. La diferencia interanual (6.786 millones de euros) es similar a la recaudación ‘extra’ de la AEAT por los cambios normativos.
En esencia, como hemos visto en los últimos años, la reducción de los desequilibrios de las cuentas públicas españolas reside en su totalidad en el aumento de los ingresos. Y eso tampoco cambiará en 2026, un ejercicio en el que, si nada cambia, pagaremos más impuestos, tendremos más deuda pública, menos ahorros, una cesta de la compra desorbitada y viviendas aún más caras. Pero al Ejecutivo, esto le da exactamente igual, porque su guerra se libra en otras trincheras. Feliz 2026.
