¿Dónde están los máximos contribuyentes de la Hacienda española? ¿Y por qué? Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) correspondientes a 2022, la Comunidad de Madrid tiene el mayor número de ciudadanos denominados como ‘ricos’ de España, en función de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La diferencia es abismal respecto al resto de regiones y promete ampliarse más. En términos brutos, y con datos homogéneos de 2022, en Madrid hay casi el doble de declarantes de IRPF por encima de los 601.000 euros anuales que los registrados en Cataluña, pese a que la región madrileña tiene una población un 13% inferior -6,8 millones de madrileños frente a los 7,9 millones de catalanes, también cifras de hace dos años- y un volumen de declaraciones más bajo -3,7 frente a 4 millones-.
Concretamente, en la comunidad de la capital de España tributan 6.573 ‘ricos’, frente a los 3.365 que presentan su declaración ante la hacienda catalana. De los 15.186 grandes contribuyentes españoles, el 43,2% son residentes fiscales en la Comunidad de Madrid. Y el ‘efecto llamada’ del modelo madrileño de impuestos bajos -en el IRPF, la diferencia en el tipo marginal máximo es de cinco puntos respecto a Cataluña, 45% frente a 50%- de corte liberal ampliará aún más la diferencia con el resto de regiones en los próximos años.
Como consecuencia de lo anterior, la vida en la capital de España y en las ciudades ‘dormitorio’ de la región será cada vez más cara -vivienda y ocio, principalmente- tras la pura aplicación de la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más bajen los impuestos en Madrid, más contribuyentes acaudalados -españoles y extranjeros- querrán instalar su residencia fiscal en la región y eso encarecerá, por extensión, los costes principales de residir en la comunidad. La clase media, y, sobre todo, las clases más bajas, serán las más perjudicadas, obligando al gobierno regional a aprobar más ayudas para estos colectivos.
La concentración empresarial en la comunidad madrileña es superior a la catalana -un escenario también influido por motivos fiscales- y los sueldos son más altos, según se desprende de las estadísticas de la AEAT. Además, las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones, así como en Patrimonio, son factores que seducen a los grandes contribuyentes.
"Madrid tiene el doble de contribuyentes de más de 601.000 euros anuales que Cataluña y concentra el 43,2% de los grandes capitales de España"
Y, para el futuro, los mensajes del gobierno regional de Madrid van en la dirección opuesta a los que reciben, por ejemplo, los contribuyentes catalanes. El primero habla de nuevas bajadas de impuestos, dentro de su capacidad normativa, lo opuesto a la persecución fiscal que ha desplegado -y desplegará- la Generalidad en los últimos años.
Y Madrid no seduce solo a los más acaudalados, también a los aspirantes a esa categoría. En la región tributaban a cierre de 2022 -últimos datos disponibles- el 36% de los declarantes españoles con ingresos superiores a los 150.000 euros e inferiores a los 601.000 euros anuales. La región aporta 52.525 declarantes de los 144.816 que se sitúan en la citada horquilla de renta a nivel nacional, Cataluña tiene 34.921, y Andalucía, 13.427.
Esta ‘brecha’ de ingresos entre comunidades desdibuja la concepción de ‘rico’, principalmente porque ésta depende de la comunidad autónoma en la que resida el ciudadano. Si bajamos nuevamente el nivel de renta, nueve de cada 100 madrileños declara más de 60.000 euros en ingresos, frente a siete de cada 100 catalanes o apenas cuatro de cada 100 andaluces. La brecha entre clase media y clase acomodada y la diferencia en términos de nivel de vida no viene definida únicamente por los ingresos del trabajo, en cualquier caso.
Lo que no tiene nombre es que las principales decisiones de política fiscal de nuestro país las tomen contribuyentes con casi un 40% de salario exento de tributación por IRPF (las famosas ‘dietas’). El concepto de ‘ejemplaridad fiscal’ e ‘igualdad de todos los españoles’ del que deberían hacer gala sus señorías del Congreso de los Diputados obliga a que todos paguemos por igual.
