¿Qué haría usted con 22.500 millones de euros al año? ¿Subir ‘un poco’ las pensiones y los sueldos de todos los empleados públicos… o abaratar de manera radical el acceso a la vivienda de los jóvenes? Esta es la disyuntiva real que se oculta detrás de propuestas que, sobre el papel, parecen inocuas. Podemos propuso hace unas semanas, por ejemplo, incrementar ‘apenas’ un 6% los ingresos de pensionistas y funcionarios. Un retoque marginal, nos decían. En realidad, un manguerazo colosal de recursos que se detrae de quienes tienen menos capacidad de defenderse políticamente.
El mito del Estado del bienestar sostiene que el Estado quita dinero a los ricos para dárselo a los pobres. La realidad es bastante menos romántica. Los impuestos no redistribuyen desde opulentos a necesitados, sino desde grupos desorganizados a grupos organizados. El Estado exprime a aquellos que no tienen capacidad de lobby y riega a quienes sí se coordinan para presionar, chantajear o condicionar electoralmente al poder político.
El Estado exprime a aquellos que no tienen capacidad de lobby y riega a quienes sí se coordinan para presionar, chantajear o condicionar electoralmente al poder político
En España, desde hace lustros, esa redistribución estructural ha operado de manera muy clara: desde los jóvenes hacia los mayores, en particular hacia los pensionistas. Los primeros son pocos, dispersos, desmovilizados y con poca presencia en las urnas; los segundos son muchos, disciplinados y crecientemente determinantes en cualquier cita electoral.
Sobre ese trasfondo, Podemos propone revalorizar pensiones y sueldos públicos un 6%. Dicho así, suena casi razonable, el problema es la base sobre la que se aplica. En 2024, el gasto en pensiones ascendió a unos 204.000 millones de euros. Las nóminas del sector público, 171.000 millones. En total, 375.000 millones. Un 6% adicional equivale a 22.500 millones más cada año.
¿Son pensionistas y empleados públicos los colectivos más necesitados de esos 22.500 millones anuales? Comparemos con una de las grandes tragedias económicas y vitales de la España actual: el acceso de los jóvenes a la vivienda. Incluso desde una óptica socialdemócrata, cabe preguntarse si no sería preferible destinar esos recursos a aliviar el cuello de botella residencial que estrangula a las nuevas generaciones.
Tomemos una primera alternativa, muy del gusto de la izquierda: construcción de vivienda pública. Con 22.500 millones anuales, y suponiendo un coste medio de 300.000 euros por vivienda (una cifra elevada, que ya incorpora margen de sobra para sobrecostes y despilfarros), podrían levantarse cada año unas 75.000 viviendas.
En una legislatura completa, estaríamos hablando de 300.000 viviendas adicionales. No resolvería todos los problemas, pero es evidente que el impacto sobre los alquileres y sobre la posibilidad de emancipación de muchos jóvenes sería mucho más directo que un enésimo incremento lineal de las pensiones y de todas las nóminas públicas.
Desde una perspectiva más liberal, la alternativa puede ser todavía más potente: eliminar los impuestos que gravan la compra de vivienda. La recaudación conjunta del IVA sobre vivienda nueva y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) sobre vivienda usada ronda los 19.000 millones de euros.
Es decir, con menos de esos 22.500 millones que se quieren destinar a subir un 6% pensiones y salarios públicos, podría suprimirse íntegramente la fiscalidad sobre la compra de vivienda. De golpe, la vivienda sería alrededor de un 10% más barata para todos los compradores, y, si se limitara la eliminación de estos impuestos a la compra de primera vivienda, el coste fiscal sería menor.
Quienes hoy tienen 25 o 30 años escuchan hablar de subidas del 6% en pensiones y sueldos públicos como si no tuviera nada que ver con ellos. Pero son ellos quienes pagan -hoy, vía impuestos y cotizaciones; mañana, vía deuda pública- esa apariencia de generosidad. Y, al mismo tiempo, son ellos quienes se quedan fuera del mercado de la vivienda, quienes retrasan su proyecto vital, quienes no pueden formar una familia porque todo su salario se esfuma en alquileres y cargas fiscales.
La pregunta, por tanto, no es si ‘podemos permitirnos’ subir un 6% las pensiones y las nóminas del sector público, sino si podemos seguir permitiéndonos este expolio silencioso a las nuevas generaciones. Con los mismos 22.500 millones de euros, podríamos aliviar de manera contundente el acceso a la vivienda de los jóvenes. Preferimos, una vez más, no hacerlo, porque los jóvenes, para el político medio, siguen siendo lo de siempre: unos votantes mucho menos atractivos que los mayores para conquistar el poder.
