El pasado mes de septiembre se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la última reforma de la Ley Concursal en España, que introdujo, como elemento estrella, el derecho preconcursal como herramienta para salvar a aquellas empresas que, aun teniendo dificultades financieras para sobrevivir, pudieran considerarse viables.
En estos dos años se ha afianzado la utilización de este importante instrumento para salvar a muchas empresas que podrían estar abocadas al concurso y posterior liquidación. También se han clarificado muchos criterios que establecía la ley a través de un gran número de sentencias que han venido a dibujar las bases para llevar a cabo un planteamiento correcto y acorde con los objetivos que perseguía la reforma.
El nuevo texto legal contempla tres situaciones de insolvencia: la probabilidad de insolvencia, la insolvencia inminente y la insolvencia actual, en función de la previsión de incumplimiento de obligaciones por parte del deudor en los próximos dos años, tres meses o que ya se esté produciendo en la actualidad, respectivamente. Cuando una empresa se encuentra en una situación de riesgo sobre su viabilidad futura, resulta crucial tomar decisiones con la mayor agilidad y prontitud posible.
Son circunstancias en las que la anticipación en las actuaciones puede suponer la supervivencia o no de la empresa. Por ello, resulta de vital importancia que la empresa cuente con alertas que detecten anticipadamente los deterioros que se puedan estar produciendo en su situación financiera.
Estas alertas preventivas deben constituir uno de los pilares de la gestión financiera de las empresas. Los administradores están obligados a controlar y medir los riesgos de sus organizaciones y a conocer y gestionar su salud financiera. Una forma de cumplir eficazmente con esta obligación es la implantación de herramientas que lleven a cabo una evaluación continua de la salud financiera de la empresa y de los factores que pueden poner en riesgo su viabilidad.
“Resulta de vital importancia que la empresa cuente con alertas que detecten anticipadamente los deterioros que se puedan producir en su situación financiera”
Las alertas preventivas deben constituir el pilar fundamental de los cuadros de mando financieros de las empresas y, cuando se activan, deben poner en marcha un ordenado pero ágil proceso de análisis de la situación provocada y las alternativas que existen para reconducirla. Las medidas no deben ser soluciones temporales que alarguen la agonía y, en muchas ocasiones, puedan provocar un mayor daño financiero a los acreedores. Deben adoptarse soluciones que supongan un verdadero cambio en el rumbo de la empresa, tanto a nivel financiero, como operativo y gerencial.
Los planes de reestructuración, previstos en nuestro derecho concursal, constituyen una eficaz herramienta para la salvación de las firmas viables que puedan presentar debilidades coyunturales. La puesta en marcha de estos planes, en el momento apropiado, de la forma más correcta y con el asesoramiento adecuado, permitirá a las empresas gestionar sus debilidades financieras y evitar verse abocadas al concurso, con o sin liquidación.
En el diseño y elaboración de estos instrumentos adquiere una especial relevancia la figura del experto en reestructuraciones, profesional con conocimientos y experiencia que, desde un enfoque objetivo y riguroso, propone las mejores opciones y alternativas para reconducir los riesgos de insolvencia. Este profesional está resultando ser el mejor auxilio y la principal palanca para reconducir y recuperar a muchas empresas con dificultades.
En los procesos tras la reforma de la Ley, los expertos en reestructuración han jugado un importante papel, asesorando a empresas y acreedores en el mejor camino para facilitar la supervivencia de aquellas que resultaban viables y mediando en las negociaciones para llegar a los acuerdos que pudieran facilitarlo.
Tras muchas reformas de nuestro ordenamiento jurídico concursal, y a pesar de las críticas a algunas cuestiones de la reforma, ahora sí que parece que se han puesto las bases para que las empresas que atraviesan dificultades financieras, pero que pueden resultar viables, puedan contar con herramientas y profesionales para conseguir reconducir su situación y poder sobrevivir, permitiendo así salvar una parte importante del tejido empresarial y del empleo en nuestro país.
