En plena era del triunfalismo patrio sobre las cifras de crecimiento del PIB -ya saben, el ‘cohete’-, con previsiones alcistas por parte de la práctica totalidad de los organismos nacionales e internacionales, la población se pregunta por qué la ‘pompa y circunstancia’ de estas maravillosas cifras macroeconómicas no llega al ciudadano de a pie. En síntesis, los salarios reales llevan muchos años estancados y el ‘milagro’ español, en términos de generación de riqueza, se sostiene, fundamentalmente, por el auge del turismo y el gasto público. Este último, dopado por los fondos europeos.
Lo que va como un ‘cohete’ es el gasto público improductivo y descontrolado -subvenciones a fondo perdido, gasto social que no genera riqueza, sobrecostes de obra pública, rescates que no se recuperan…-, que también infla tanto el PIB como la deuda, pero no aporta valor. Y, sobre todo, no soluciona los problemas estructurales de la economía española, entre los cuales destaca la vivienda. La Administración eleva el número de empleados públicos, les sube el sueldo y aumenta los desembolsos en pensiones, pero la España real no vive mejor que antes de la crisis financiera de 2008. Aunque el PIB crezca un 3,5 % (2024) o ronde el 2,9 % (previsto para 2025).
La inversión en vivienda es el principal gasto de una familia y, de hecho, encuestas recientes como el CIS señalan que también es la preocupación más importante de los españoles. Según datos de Fotocasa, el precio ha subido un 40% desde la pandemia, mientras que un reciente estudio de UBS analiza su evolución en las principales ciudades del mundo. Adivinen cuál es la gran ciudad en la que más suben… Correcto, Madrid, con un incremento interanual del 13,6%, por delante de otras plazas como Dubai (+11,1%) o Tokio (+5,7%). El estudio no ve, de momento, riesgos de burbuja, pero alerta de que la situación puede quedar fuera del control de las autoridades.
El disparatado coste de la vivienda es un problema real y debería ser el principal punto de cualquier agenda de los políticos. De hecho, muchas voces de la sociedad civil abogan por un gran Pacto de Estado de los dos principales partidos para sentar las bases que permitan el desarrollo de más promociones urbanísticas. Es decir, atacar el conflicto por el lado de la oferta, aumentándola, en vez de seguir aumentando la regulación e inflando a impuestos a un sector fundamental para la economía española. España necesita vivienda nueva, no una mayor presión tributaria y legislativa sobre la ya existente.
“La inflación, el precio de la vivienda y la voracidad fiscal de la Administración suprimen el efecto ‘cohete’ en los bolsillos de los españoles”
Otra de las claves que impiden que las cifras de PIB se trasladen a los bolsillos de los ciudadanos es la inflación. España es uno de los países de la zona euro que la sufre con mayor virulencia la escalada de precios, con una tasa del 3% en noviembre, frente a la media del 2,1% del conjunto de la zona euro. El ‘impuesto’ silencioso da la cara todas las semanas, en el carro de la compra y en el precio de prácticamente todos los productos básicos de las familias.
Y esta inflación, además, impacta decisivamente en el IRPF, ya que las subidas de salarios indexados al IPC conllevan, necesariamente, un incremento en la retención por el aumento de tipo efectivo. Como consecuencia, podemos decir que España es el país que más ha recaudado por el aumento de la inflación de Europa. El efecto de las alzas salariales se lo ha ‘comido’, por un lado, la evolución de los precios, y, por otro, la progresividad del impuesto sobre la renta.
Y, por último, otro de los grandes factores de pérdida de poder adquisitivo de los españoles no podía ser otro que la voracidad recaudatoria de la Administración. Con más de 90 subidas fiscales en los últimos siete años, el sector público es la principal ‘rémora’ que impide al privado florecer. Y sigue siendo insuficiente, como se demuestra con los más de 1,7 billones de euros de deuda pública. El Estado nunca pierde el hambre.
