La asfixiante ola de calor que asoló nuestro país la primera mitad de agosto fue el preludio. La naturaleza se ha mostrado incontrolable, con una anomalía climática que no tiene parangón: 4,6º por encima de lo habitual. De esa forma, se convirtió en la ola de calor más intensa desde que hay registros, precisamente en esos días en los que el calor dio paso al fuego, entre el 3 y el 18 de agosto.
Esas fueron las circunstancias idóneas para que comiencen a sucederse incendios, que han afectado a todas partes de España. En ese punto, solo cabe afrontarlo hasta la última posibilidad, pero a partir de ahí, los desalojos se afrontan como una decisión inevitable. Se vivió a principios de mes en lugares como Tarifa, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Antes de entrar en las consecuencias más evidentes, hay algunas otras que suelen pasar desapercibidas y que forman parte de la factura del día después. Desde los ayuntamientos afectados hablan de la contaminación del agua por la ceniza, que impide hacer uso del caudal de los ríos y de los pozos.
Los pueblos cercanos al río Sil se encuentran entre los más perjudicados por este problema. Hasta allí llegan bidones de agua de otras localizaciones, mientras las autoridades locales entregan agua embotellada a los vecinos, hasta que la situación comience a revertirse. La lluvia de finales de agosto ha sido un alivio para apagar las llamas, pero a su vez puede agravar el problema del agua potable, dado que si es abundante puede arrastrar la ceniza hasta el cauce de los ríos.
Algo similar ocurre con el aire. Por supuesto que las zonas más cercanas a los incendios sufren la concentración de ceniza en el ambiente, pero también las más alejadas son víctimas del empeoramiento de las condiciones. Si bien es cierto que la calima ha tenido una importante presencia, el humo se ha dejado sentir en muchos puntos de España.
Como dato, el día 18 de agosto la Comunidad de Madrid emitió un aviso sobre la entrada de una masa de aire africano para los siguientes días. Pero dichas partículas, que en el argot técnico se denominan PM2.5 y PM10, se correspondían con los restos de la ceniza que llegaron a la capital de España. El viento del Atlántico las fue desplazando hacia el sureste, lo que se tradujo en una calidad desfavorable del aire en todo el país.
Las partículas mencionadas se introducen en los pulmones y en el torrente sanguíneo, con efectos nocivos sobre el sistema respiratorio, así como sobre el cardiovascular. A ello hay que añadir que la combustión de montes, con árboles, arbustos y todo tipo de plantas, añade CO2 a la atmósfera.
Las cifras del horror
A cierre de esta edición y con la previsible moderación de las temperaturas, el pronóstico mejora, si bien las cifras actuales hablan de la magnitud de la tragedia. Según Protección Civil, una decena de incendios continúan activos, concentrados en su mayoría en León.
Hasta finales de agosto, los incendios han arrasado más de 400.000 hectáreas en todo el año, si bien más de 200.000 se han concentrado en el mes de agosto. Las 400.000 hectáreas equivalen al tamaño de la isla de Mallorca o el doble de Tenerife.
De esta forma, 2025 ya está entre los años con más superficie quemada desde que hay registros: las estimaciones provisionales lo colocan por detrás de 1994 y por encima de todos los años del siglo XXI hasta ahora. 1994 sufrió la quema de 437.000 hectáreas, frente a las más de 400.000 de 2025 que señalan las estimaciones actuales de Copernicus.
De esa cantidad, León y Ourense han sido las principales víctimas del fuego, con alrededor de 45.000 hectáreas quemadas. Por detrás se sitúa Zamora, con más de 40.000, mientras que Cáceres supera las 35.000.
La Asociación Nacional de Empresas Forestales calcula que los costes de extinguir estos incendios ascienden a 19.000 euros por hectárea, por lo que el coste total para apagar estos fuegos ronda los 7.500 millones de euros. En esa línea, la Agencia Forestal Navarra reduce ese coste a prácticamente la mitad, 10.000 euros, en función de los medios empleados. A ello hay que añadir los daños que provoca en las propiedades de las personas afectadas, en sus casas y fincas forestales, a lo que se añade la ganadería, la agricultura y las infraestructuras de servicios públicos.
La Comisión Europea estima que el coste anual asociado a los incendios asciende a los 71.600 millones de euros, más del doble de lo que se destina en áreas como Defensa. Estas cantidades contrastan con la inversión en prevención de incendios. Ello incluye actividades como la limpieza de márgenes en carreteras o la preparación de la infraestructura ferroviaria, para lo que el Gobierno ha aprobado un plan de 115,8 millones de euros.
Por su parte, las comunidades autónomas, encargadas de las tareas de prevención, también han dispuesto partidas para hacer frente a las llamas y evitarlas. Cataluña, por ejemplo, utiliza 327 millones de euros, de los que 302 se dedican a la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, mientras que 16 millones se utilizan para la gestión forestal y la prevención.
Andalucía, por su parte, cuenta don 257 millones de euros de presupuesto, con la mayor cuantía, 146 millones, destinados a la prevención y el resto, a la extinción. Cabe nombrar Galicia y Castillla y León, dos de las regiones más afectadas. Ambas cuentan con sendos presupuestos de 200 millones de euros.
Las cenizas se dejan sentir en forma de contaminación en el aire y el agua
Costes en infraestructuras e impacto en el turismo
El asunto no se soluciona con pagar la factura de la extinción. Estos incendios, tan difíciles de apagar, impactan en actividades económicas que no están 100% relacionadas con la explotación del territorio. Aquellas que sí, como la ganadería y la agricultura, requerirán indemnizaciones millonarias.
Estimaciones realizadas por Agroseguro elevan a 2,8 millones de euros dichas indemnizaciones, si bien no tienen en cuenta los incendios activos, así como los costes de estos siniestros que han ocurrido a finales de mes. Como ejemplo, se puede tomar 2022, cuando los seguros tuvieron que abonar 3,91 millones de euros a los asegurados por las pérdidas sufridas por los incendios.
Más allá de eso, numerosas carreteras han tenido que ser cortadas para evitar el acceso de la población, pero también al transporte de mercancías. Lo mismo sucede con el transporte ferroviario en la ruta Galicia-Madrid, que tuvo que ser cortado por las incidencias a la altura de Ourense, entre otros lugares.
También la cobertura de comunicaciones se ha visto perjudicada por los incendios. El fuego no distingue entre torres de comunicaciones, antenas y repetidores, por lo que Telefónica tuvo que desplegar planes de emergencia para mantener operativa la red telefónica y de internet.
Así, puso en acción más de 200 personas, que actuaron con el uso de equipos satelitales, así como el refuerzo de la conectividad móvil a través de torres y antenas. En particular, se priorizó la conectividad de los equipos de emergencia.
La Confederación Española de Agencias de Viajes manifestó también su "profunda preocupación" por los acontecimientos que están teniendo lugar en estas últimas semanas. En particular, CEAV lamenta el impacto en la actividad turística de Galicia, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.
Las zonas rurales afectadas, cercanas a lugares de interés como Las Médulas, entre otros, han vivido las cancelaciones como la nota dominante. También en zonas emblemáticas como los Picos de Europa, el miedo ha arruinado la temporada turística, especialmente para los pequeños empresarios, dueños de negocios como alojamientos o restaurantes.
De esa forma, el daño por los incendios se extiende más allá del corto plazo, con el riesgo de colapso económico en los próximos meses. Otro ejemplo es el de la fábrica Stellantis en Vigo. Un turno de producción tuvo que ser paralizado por los problemas de Autoneum, uno de los proveedores de Stellantis. La fábrica de este proveedor ha generado daños considerables, que se traducen en la dificultad para proporcionar piezas al fabricante de automóviles.
Respuesta del tejido empresarial
Como en ocasiones similares, las grandes empresas españolas han mostrado su disposición a apoyar a las víctimas del fuego. A la actuación ya mencionada de Telefónica, hay que sumar las de los bancos, que están disponiendo de diferentes medidas de apoyo en el corto plazo. Capital.es ha ido recogiendo las siguientes iniciativas:
CaixaBank eleva hasta los 100 millones de euros el volumen total de las líneas de financiación para abordar las necesidades surgidas tras los recientes incendios forestales. MicroBank ha lanzado una nueva línea especial de microcréditos de emergencia dirigida a autónomos y microempresas, respaldada por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
Santander adelantará seguros y ayudas de la PAC a los agricultores afectados por los incendios. También ha dispuesto líneas específicas de liquidez inmediata para afrontar gastos urgentes.
Banco Sabadell ofrece 45 millones de euros en ayudas con condiciones preferentes y sin intereses. El objetivo es proporcionar el anticipo de indemnizaciones de forma eficaz y rápida, tanto a las personas como a los sectores productivos que han sufrido las consecuencias de los incendios.
Algo similar ocurre en el caso de BBVA, que proporcionará 30 millones de euros en financiación bajo condiciones especiales. En su caso, se puede acceder a los préstamos sin comisiones de apertura ni cancelación. También Unicaja y Cajamar se unen a la colaboración, puesto que lanzan líneas sin intereses y en condiciones flexibles.
Pacto de Estado contra la emergencia climática
La respuesta de fondo a esta crisis ha sido la de proponer un Pacto de Estado contra la emergencia climática. Desde el Gobierno, se vincula el cambio climático con la aparición de incendios más incontrolables y abundantes. Es por ello que la respuesta consiste en combatir dicho cambio climático, si bien un pacto de esas características tendría como principal desafío buscar el consenso entre las dos principales fuerzas políticas del país.
Por el momento, la ONG medioambientalista Greenpeace ya propone una serie de medidas que debería incluir ese pacto. Se trata de una estrategia nacional para enfrentar los incendios forestales, que incluye gestionar al menos el 1% de la superficie forestal anual (260.000 ha) priorizando zonas estratégicas para reducir pérdidas humanas y riesgos a patrimonio natural y cultural. Exige que las comunidades autónomas cumplan la normativa en Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) y planes preventivos y de emergencia con recursos adecuados.
También plantea un plan estatal para prevenir daños por inundaciones mediante prohibición y desclasificación de construcciones en zonas inundables, además de asegurar planes de gestión del riesgo para viviendas e infraestructuras existentes. Propone un plan de renaturalización y restauración de ecosistemas como humedales y riberas para mitigar inundaciones, y fomentar prácticas agrícolas que protejan el suelo y reduzcan la erosión.
Greenpeace insiste en implementar planes municipales de adaptación al calor extremo, creando refugios climáticos y solucionando la pobreza energética en verano. Plantea una transición hídrica justa para gestionar recursos hídricos, combatiendo la sobreexplotación y reduciendo consumos, especialmente en regadío intensivo.
Destaca la importancia de sistemas de alerta temprana meteorológica e hidrológica para salvar vidas y limitar daños, y la adaptación de infraestructuras críticas a fenómenos extremos. Finalmente, exige avanzar con urgencia en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con recursos adecuados y normativas que obliguen a empresas y administraciones a prevenir riesgos laborales asociados al cambio climático.
