El sistema público de pensiones español atraviesa un momento de aparente solidez que, en realidad, oculta tensiones profundas. Las reformas aprobadas durante los últimos años han logrado reforzar los ingresos de la Seguridad Social, estabilizar los déficits y devolver al sistema una apariencia de equilibrio que se percibe en las cuentas oficiales. No obstante, los desequilibrios son patentes y la sostenibilidad del sistema, dudosa.
El economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha advertido en foros especializados de que las medidas recientes han mejorado los ingresos del sistema a corto plazo, pero no abordan por completo sus desequilibrios financieros y actuariales de largo plazo, según se refleja en su análisis ‘La salud financiera del sistema público de pensiones español’. A nivel macroeconómico, España proyecta una imagen de dinamismo -con el Ibex 35 en niveles de máximos históricos-, pero esta atmósfera de éxito financiero contrasta con una realidad demográfica que avanza en sentido contrario.
Actualmente, las pensiones se actualizan conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. Al mismo tiempo, los trabajadores con mayores ingresos realizan aportaciones más elevadas al sistema. A ello se suma el aumento de las cotizaciones a través de nuevas figuras como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), concebido para nutrir de nuevo el Fondo de Reserva y generar un ‘colchón’ financiero de cara al futuro, especialmente ante la inminente jubilación de la generación del baby boom.
El MEI ha contribuido a reforzar los ingresos del sistema y a ganar margen financiero a corto plazo, pero su alcance es limitado, ya que no corrige el desequilibrio estructural entre cotizantes y pensionistas, derivado del envejecimiento demográfico, ni garantiza por sí solo la sostenibilidad a largo plazo.
Pero esta imagen actual de tranquilidad es, en gran medida, un alivio temporal. España envejece aceleradamente, la natalidad se sitúa en mínimos históricos y la esperanza de vida continúa aumentando; la base de cotizantes crece a un ritmo insuficiente frente a una población que se jubila de forma masiva. El riesgo para el sistema de pensiones no es tanto inmediato como progresivo: cada año que transcurre sin ajustes estructurales amplía el desequilibrio financiero asociado al envejecimiento demográfico y reduce el margen de maniobra para futuras reformas.
José Carlos Díez, economista, se muestra escéptico sobre el futuro del sistema de pensiones. "La cuestión no es si habrá pensiones, sino qué tipo de prestaciones recibiremos y qué nivel de esfuerzo estarán dispuestas a asumir las futuras generaciones", apunta. Y va más allá al señalar que “en 2050, las proyecciones más pesimistas sitúan la ratio en apenas 1,75 trabajadores por cada pensionista, una cifra que extrema la vulnerabilidad del modelo”
Durante décadas, el sistema público de pensiones ha funcionado con cierta comodidad gracias a una población activa numerosa. Hoy la situación es diferente. Cada año se incorporan menos jóvenes al mercado laboral, al mismo tiempo que más personas alcanzan la edad de retiro. Eso significa que el número de cotizantes por pensionista se reduce de manera persistente. Respecto al recurso de la población extranjera como mecanismo de relevo en el mercado laboral, Díez apunta que "la inmigración es el gran salvavidas demográfico, pero por sí sola no bastará para compensar el retiro masivo del baby boom".
Si hace dos décadas había alrededor de dos trabajadores y medio por cada jubilado, las proyecciones apuntan a un deterioro constante. Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en 2050 habría en torno a 1,87 cotizantes por cada pensionista, mientras que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat, más pesimistas en cuanto a población en edad de trabajar, sitúan esa ratio en torno a 1,75 trabajadores por pensionista.
Ratios tan ajustadas incrementan de forma notable la vulnerabilidad ante cualquier desaceleración económica o caída del empleo. En términos económicos, esto se traduce en una presión extraordinaria sobre un sistema que se financia fundamentalmente con las cotizaciones sociales. A menor base laboral, mayores exigencias para el Estado y sus cuentas públicas, y una mayor fragilidad del conjunto del sistema.
Una sociedad envejecida
España es uno de los países más longevos del mundo y, al mismo tiempo, uno de los que registra menor tasa de fecundidad. La combinación de ambos factores tiene como resultado una pirámide demográfica invertida, que compromete la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Las generaciones que ahora se jubilan, especialmente aquellas nacidas durante el baby boom, son mucho más numerosas que las que vienen detrás.
El Banco de España advierte que este proceso elevará el gasto de forma sostenida durante dos décadas, con pensiones previsiblemente más altas debido a carreras laborales más largas. La entrada de jóvenes es insuficiente para compensar la salida de trabajadores, un desajuste que exige medidas deliberadas y no inerciales.
Este fenómeno no es exclusivo de España, pero sí lo es su intensidad. La natalidad española no ha dejado de caer desde los años 80, y las políticas públicas orientadas a la conciliación, la vivienda o el apoyo a las familias no han logrado revertir la tendencia. La maternidad se retrasa, el coste de la vida aumenta, la vivienda se sitúa en máximos históricos, los salarios de entrada siguen siendo bajos y la precariedad laboral afecta especialmente a los menores de 35 años. La decisión de tener hijos se ha convertido en un reto económico que deriva en la falta del relevo generacional necesario.
Ante este escenario, la inmigración aparece como el gran salvavidas demográfico. En los últimos años, los flujos migratorios han permitido sostener el empleo y aumentar la base de cotizantes. No obstante, los expertos coinciden en que este factor es insuficiente por sí solo. Como señala el Banco de España, la magnitud de la jubilación masiva supera lo que podría compensarse únicamente con la llegada de trabajadores extranjeros si no se acompaña de aumentos de productividad.
Todavía no se ha encontrado una solución perfecta al reto demográfico, pero algunos países han avanzado más rápido que España. Francia, Alemania, Suecia o Italia han adaptado modelos que ajustan la pensión a la esperanza de vida, que equilibran el reparto con capitalización o que cuentan con mecanismos automáticos para mantener el sistema estable. España, en un contexto político polarizado, no ha logrado aún un pacto duradero que trascienda los ciclos electorales, algo que es imprescindible para dotar al sistema de credibilidad.
Las soluciones posibles pasan por una combinación de factores: mejorar la productividad para elevar el valor añadido de nuestra economía, reducir la precariedad juvenil para que inicien sus carreras de cotización antes e incentivar los planes de pensiones de empleo sin descuidar el sistema público. Ninguna de estas opciones es rápida, pero todas son necesarias.
Un sistema generoso que está muy necesitado
España tiene uno de los sistemas de pensiones más generosos de Europa en términos de tasa de sustitución, es decir, la proporción que representa la pensión respecto del último salario recibido; esta cifra ronda el 80%, muy por encima de la media de la OCDE. El gasto en pensiones se sitúa hoy cerca del 13% del PIB, y según cálculos de la Comisión Europea y del Banco de España, podría acercarse al 16% en las próximas décadas si no se aplican reformas adicionales. Mantener este nivel con una deuda pública alta y un mercado laboral frágil plantea serias dudas.
Las recientes reformas han optado por reforzar los ingresos en lugar de recortar las prestaciones, lo que ha supuesto un incremento notable de las cotizaciones. El aumento de las bases máximas, las nuevas cuotas sobre salarios altos y la aplicación progresiva del MEI buscan crear ese ansiado ‘colchón’ para financiar la jubilación masiva que se avecina.
Estas medidas han generado inquietud entre empresas y trabajadores, que alertan del encarecimiento del empleo y el impacto de la competitividad. En esta línea, el economista José Carlos Díez insiste en que el problema de fondo no es solo de ingresos, sino de modelo productivo y empleo: “sin un aumento sostenido de la productividad y de los salarios reales, el sistema de pensiones dependerá cada vez más de subir impuestos o cotizaciones”, una vía que considera “limitada y difícilmente sostenible en el tiempo”.
La estructura del mercado laboral no ayuda a aliviar la presión. Aunque la temporalidad ha disminuido gracias a los cambios normativos recientes, persiste una elevada proporción de empleos en sectores de baja productividad y salarios modestos. Muchos jóvenes encadenan trayectorias profesionales discontinuas, periodos de trabajo y desempleo, salarios bajos durante sus primeros años y condiciones que dificultan acumular largas carreras de cotización. La realidad es que el diseño del modelo laboral favorece a quienes mantienen empleos estables durante décadas, un sistema que ya no es el dominante.
La jubilación flexible como opción
La idea de una edad de jubilación fija está perdiendo peso en Europa. Cada vez más países avanzan hacia modelos flexibles que permiten combinar trabajo parcial y pensión, prolongar la vida laboral en función de la capacidad y la voluntariedad o ajustar las prestaciones en función de la esperanza de vida. España ya ha dado algunos pasos, sobre todo, mediante incentivos económicos para retrasar la jubilación, pero el impacto aún es menor.
El futuro del sistema público de pensiones español se encuentra en una encrucijada. A corto plazo, las cuentas resisten. A medio plazo, el envejecimiento y la jubilación masiva tensionarán las finanzas públicas. A largo plazo, la sostenibilidad dependerá de la capacidad del país para transformar su estructura productiva y adaptar sus políticas sociales a una realidad demográfica distinta.
