“La tecnología verde debe ser un eje central del modelo digital español”, sostiene César Tello, director general de Adigital. Esa frase resume la transformación acelerada que vive la economía digital, en la que la descarbonización ya no es una opción reputacional, sino un criterio estratégico. España ha decidido aprovechar que lo digital consume energía para convertir la energía en una ventaja competitiva.
España cerró 2024 con el mayor porcentaje de renovables de su historia: el 56,8 % de toda la generación eléctrica provino de fuentes limpias. Las tecnologías solar y eólica superaron los 170 TWh, situándonos como tercera potencia europea por capacidad renovable instalada. Esto no es solo una estadística energética.
Es una base económica decisiva. La infraestructura digital aumenta de escala, y cada vez más rápido: la IA requiere ingentes cantidades de electricidad, las redes 5G multiplican el tráfico y los centros de datos se han convertido en la fábrica invisible del siglo XXI.
Ahí España pisa fuerte. Según Spain DC, nuestra nación recibirá 8.000 millones de euros en inversión en data centers hasta 2030. Madrid se ha consolidado como el cuarto gran hub de Europa, solo por detrás de Londres, Fráncfort y Ámsterdam, y con posibilidades reales de superar a Dublín en apenas dos años.
La lista de gigantes globales que han apostado por España crece: Amazon Web Services expandirá su región cloud en Aragón, Google destina 650 millones al despliegue digital en Madrid y Microsoft construirá tres centros de datos con refrigeración avanzada de bajo impacto ambiental.
La regulación quiere acompañar al ritmo del mercado: el Gobierno prepara el primer Real Decreto de Eficiencia Digital de la Unión Europea, que obligará a estos centros a informar sobre su consumo energético, su rendimiento (PUE) y su huella de carbono. “El crecimiento tecnológico será sostenible o no será”, resume con contundencia Miguel Sánchez Galindo.
El impacto se extiende sobre toda la cadena energética. La red eléctrica española es una de las más avanzadas del continente. Redeia ha modernizado su infraestructura hasta convertirla en un entramado mallado, digital y resiliente, capaz de absorber la variabilidad de las renovables sin comprometer el suministro. En un contexto de electrificación masiva -transporte, climatización, industria- esta robustez es un activo estratégico indiscutible.
El tejido empresarial también está moviendo ficha. Iberdrola aplica gemelos digitales y sensores inteligentes en sus redes para optimizar miles de activos críticos. Endesa está desplegando almacenamiento con baterías y analítica avanzada para responder a la demanda en tiempo real. Naturgy impulsa la tecnología del autoconsumo y la gestión activa de la demanda, mientras Repsol acelera su transformación industrial con soluciones de eficiencia y proyectos de hidrógeno verde apoyados en la inteligencia de datos.
El cambio se nota ya en las ciudades. Barcelona, Málaga o Valladolid han iniciado transformaciones urbanas basadas en sensorización, gestión dinámica del alumbrado y movilidad eléctrica que se traducen en reducciones superiores al 25 % en el consumo energético de algunos servicios. La digitalización se empieza a notar en la factura colectiva de España.
Según Accenture y el Foro Económico Mundial, la economía de datos vinculada a la energía puede generar 150.000 nuevos empleos en los próximos cinco años. Y el 30 % del crecimiento del PIB digital vendrá de sectores que nacen de esta convergencia entre lo verde y lo tecnológico.
España ha dejado de hablar de potencial para empezar a ejecutar. En la carrera por un modelo económico competitivo y sostenible, los países que dispongan de energía verde estable, abundante y barata serán quienes lideren. España quiere estar claramente en ese podio.
Chips y geopolítica tecnológica: la nueva soberanía europea
La crisis global de suministros de 2021 y 2022 dejó una lección grabada en la piel de la industria mundial: sin chips, no hay economía digital. Europa produce menos del 10 % de los semiconductores que consume, una dependencia que Bruselas considera inasumible en un mercado donde Estados Unidos, China, Taiwán y Corea libran una batalla estratégica por el control del silicio. La European Chips Act, aprobada en 2023, moviliza 43.000 millones para duplicar la producción europea antes de 2030. España quiere ser protagonista en esa historia.
España ha lanzado el PERTE Chip, con 12.250 millones de inversión comprometida hasta 2027, centrado en tres eslabones clave de la cadena: el diseño, el encapsulado y el testado de componentes. En Galicia y Cataluña surge una industria fotónica que promete revolucionar las comunicaciones de alta velocidad; Barcelona se convierte en enclave para arquitecturas RISC-V abiertas; y Madrid y Aragón toman posiciones en ensamblaje avanzado.
Compañías españolas emergen en nichos de alto valor añadido: KDPOF exporta tecnología de comunicaciones ópticas para automoción y telecomunicaciones; Semidynamics desarrolla procesadores modulares con licencia abierta; y Quside comercializa sistemas de aleatoriedad cuántica para ciberseguridad. A ellas se suman nuevos actores como SPARC Foundry, que instalará en Vigo una planta de fotónica integrada orientada a aplicaciones críticas en defensa y transporte.
El sector del automóvil ha sido el primero en exigir soluciones. Ford en Valencia, SEAT en Martorell o Renault en Valladolid han vivido en primera línea el impacto de la escasez de semiconductores, que llegó a frenar líneas de producción enteras. Los modelos eléctricos y conectados dependen de estos componentes no solo para su propulsión, sino para la seguridad, la autonomía y la eficiencia energética. Perder tracción industrial significa perder competitividad.
La defensa europea también está en juego. La OTAN ha subrayado la necesidad de desarrollar microchips seguros y trazables para comunicaciones tácticas, vehículos no tripulados y sistemas de mando resilientes. España participa ya en programas de I+D que buscan tecnologías soberanas para el ámbito militar.
A este tablero se suma otro elemento diferenciador para España: la energía. La fabricación de chips consume ingentes cantidades de electricidad, y contar con una de las matrices renovables más competitivas del mundo se está convirtiendo en un argumento de atracción industrial tan fuerte como las subvenciones. La energía verde barata como propuesta de valor de país.
El talento marcará la diferencia. España necesitará más de 15.000 especialistas en microelectrónica y fotónica antes de 2030, según Aesemi. Para anticiparse, universidades de Valencia, Madrid, Barcelona y Sevilla están reformulando sus programas de ingeniería con la vista puesta en los nuevos perfiles industriales.
No todo son buenas noticias. La cancelación del proyecto de Broadcom en 2025, valorado en 1.000 millones de dólares, expuso las carencias administrativas y la urgencia de simplificar trámites. Sin embargo, el Gobierno asegura que los acuerdos en negociación con otros actores superan ese volumen de inversión y que hay margen para traer aún más industria si se acelera la ejecución del Perte.
Europa se juega más que una industria: se juega su autonomía estratégica. Y España ha decidido ocupar un rol activo en esa misión. De ser importadora de tecnología quiere pasar a ser diseñadora y productora de la electrónica que impulsará la próxima década.
El nuevo Internet: Web3, finanzas digitales e identidad soberana
Web3 no es una moda pasajera ni una galaxia cripto ajena a la economía real. Es la base de una transformación silenciosa que afecta a cómo se registra el valor, cómo se protegen los datos y cómo se identifican las personas en la red. España afronta 2025 con una ventaja poco habitual: ha sabido adelantarse en regulación y supervisión, convirtiéndose en uno de los primeros países europeos en exigir un marco sólido para operar con criptoactivos.
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La entrada en vigor del reglamento MiCA obliga a que todas las plataformas de activos digitales obtengan autorización de la CNMV antes del 30 de diciembre. Más de 60 compañías ya han solicitado licencia, incluidas las españolas Bit2Me, Onyze o Criptan, en una carrera por operar bajo un estándar legal que da confianza al usuario y estabilidad a los inversores institucionales.
La banca tradicional tampoco quiere quedarse atrás. BBVA ofrece servicios regulados de criptomonedas en España y Suiza; Cecabank ha sido la primera entidad española en obtener licencia MiCA para servicios institucionales; y CaixaBank experimenta con la tokenización de bonos verdes y préstamos para empresas. La clave es sencilla: si el dinero se vuelve digital, los bancos deben transformarse con él.
La innovación llega también al corazón del sistema monetario. El Banco de España prueba, junto a Iberpay y BME, una moneda digital mayorista, w-CBDC, destinada a pagos entre entidades financieras, mientras que el proyecto europeo del euro digital entra en fase de diseño funcional con España como uno de los cinco países piloto. La posibilidad de una infraestructura europea alternativa a las redes de pago globales abre escenarios de soberanía financiera inéditos.
La Web3 dibuja un nuevo escenario para la identidad. Con eIDAS 2.0, cada ciudadano podrá gestionar desde una sola aplicación sus credenciales personales, títulos académicos o permisos administrativos. En España, el consorcio Alastria y la empresa RedTrust ya colaboran con la Administración General del Estado para hacer operativa esta identidad digital soberana. La promesa es grande: una administración más transparente, menos fraude documental y servicios más accesibles.
El mercado que se abre es gigantesco. El Banco Mundial estima que la tokenización de activos superará los 10 billones de dólares en 2030. Empresas españolas trabajan ya en casos que trascienden lo financiero: certificación de obra artística mediante blockchain para evitar falsificaciones, compraventa inmobiliaria más rápida gracias a títulos tokenizados o financiación de pymes mediante fracciones de activos que antes eran inaccesibles para el pequeño inversor.
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El empleo no se queda rezagado. Según la Asociación Española de Fintech e Insurtech, el sector fintech supera ya los 18.000 profesionales y podría duplicarse en cinco años impulsado por Web3. “Integrar múltiples tecnologías es la verdadera palanca del crecimiento digital”, afirma César Tello. No se trata de elegir entre blockchain, IA o computación cuántica, sino de combinar sus fortalezas para impulsar una economía más competitiva y al mismo tiempo más segura y confiable.
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España, con una regulación avanzada, adopción digital elevada y una cultura financiera orientada a la innovación, se posiciona como uno de los hubs tecnológicos más atractivos del sur de Europa. La clave ahora es escalar el ecosistema sin sacrificar ese marco de seguridad jurídica que lo hace diferencial.
España, ante el reto de convertir liderazgo digital en competitividad real
El avance digital de España no es solo una sucesión de indicadores tecnológicamente brillantes. La verdadera medida del éxito será su traducción en productividad, competitividad y bienestar. La innovación ya no puede quedar aislada en centros de investigación o grandes empresas: debe llegar al tejido productivo y a la administración pública.
El reto de esta década se centra en la ejecución: llevar la tecnología a la economía real
Europa insiste en que el camino hacia el futuro pasa por un aumento de productividad sostenido. “Si queremos mantener nuestro bienestar, debemos incrementar la productividad. Y la productividad hoy se llama digitalización”, señalaba recientemente un informe de la Comisión Europea (CE). España ha iniciado esa transformación, pero el diferencial con las economías líderes solo se cerrará si la digitalización se extiende a pymes, industria y servicios esenciales.Los sectores punteros ya lo demuestran. La banca española lidera la adopción de IA en Europa, el turismo introduce algoritmos para anticipar demanda y personalizar experiencias, la energía se vuelve inteligente para integrar renovables y estabilizar precios, y la automoción acelera hacia el vehículo conectado y eléctrico. La digitalización baja a la obra y al puerto, al tractor y al quirófano. No hay sector inmune al cambio.
España genera más de 700.000 empleos ligados al sector tecnológico, una cifra que no deja de crecer. Pero la brecha de competencias es un desafío urgente: si las pymes no aceleran, el modelo productivo quedará partido en dos velocidades. Formación, recualificación y atracción de talento serán determinantes para consolidar el cambio.
Los fondos europeos Next Generation han abierto la puerta, pero la fase decisiva comienza ahora: transformar inversión en resultados. España llega mejor preparada que nunca y con un mensaje claro: esta vez no se trata de alcanzar al resto, sino de liderar. La historia se escribe cuando un país eleva su ambición. Esta década es el momento.
