La epidemia silenciosa: obesidad, metabolismo y riesgo cardiovascular

Hay problemas de salud que irrumpen con estruendo (una crisis hospitalaria, un brote infeccioso, una ola de calor) y otros que avanzan sin ruido, año tras año, hasta convertirse en el peso principal de la enfermedad y la mortalidad. Este año, la obesidad, los trastornos metabólicos y el riesgo cardiovascular forman parte de esa epidemia silenciosa que rara vez protagoniza el debate público con la urgencia que merece, pese a que condiciona consultas, medicación, complicaciones y pérdida de calidad de vida a gran escala.

La idea que funciona como telón de fondo de este bloque la formula la Dra. Isabel Abad (Asisa): en España, “más del 90% de la mortalidad” está relacionada con enfermedades cuyo impacto podría reducirse drásticamente con acciones preventivas más eficientes. Detrás de esa cifra hay un mensaje directo y es que, si la prevención falla, el sistema paga la factura en forma de diabetes tipo 2, hipertensión, infartos, ictus, insuficiencia renal, complicaciones vasculares y deterioro funcional que se acumula durante décadas.

Lo que falla rara vez es una sola cosa. En el plano individual, el problema aparece como hábitos difíciles de sostener (alimentación, descanso, actividad física) y como una adherencia que se resiente cuando la vida cotidiana no acompaña o cuando falta seguimiento continuado. En el plano social, el entorno empuja en dirección contraria: oferta fácil de alimentos ultraprocesados, sedentarismo estructural, estrés crónico y desigualdad que determina qué se compra, qué se cocina, cuánto se descansa y cuánto tiempo se dedica a cuidarse.

Y en el plano asistencial, el cuello de botella se llama tiempo clínico: los profesionales suelen ver a los pacientes cuando el daño ya está consolidado, con poco margen para intervenir en hábitos, motivación y seguimiento, que son precisamente las palancas que más cambian el pronóstico. Por eso, en 2026 la prevención cardiometabólica se está entendiendo como una combinación de dos estrategias: medidas poblacionales que modifican el entorno y una asistencia capaz de sostener cambios a lo largo del tiempo.

Desde la política pública, el Ministerio de Sanidad destaca un paquete de actuaciones que apunta a los principales factores de riesgo: alimentación, alcohol y tabaco. En alimentación, se señala el Real Decreto para garantizar comidas saludables y sostenibles en centros educativos y el trabajo para extender ese marco también a hospitales y residencias de mayores. Es una señal relevante porque la prevención deja de depender solo de la voluntad individual y se apoya en el entorno donde se forman hábitos y se repiten rutinas.

En alcohol, el Ministerio subraya el proyecto de ley para prevenir el consumo en menores y reducir sus efectos, con el objetivo de crear entornos más saludables. En tabaquismo, apunta a la modificación de la ley para ampliar espacios libres de humo y a cambios normativos para regular productos emergentes como bolsas de nicotina y saborizantes en cigarrillos electrónicos. En paralelo, la prevención también se está empujando desde el ámbito asistencial y asegurador, con programas que buscan sostener hábitos antes de que la enfermedad marque el ritmo.

La Dra. Abad pone como ejemplo iniciativas orientadas a promover alimentación, descanso, salud mental y autocuidado (pilares que impactan directamente en el riesgo cardiometabólico) con la idea clara de que, si se pretende reducir la carga de enfermedad, no basta con intervenir tarde; hay que acompañar antes y durante.

Pero incluso con buenas políticas y programas, la prevención cardiometabólica se gana o se pierde en un terreno muy concreto: el seguimiento de los crónicos y la adherencia real. Florentino Pérez Raya (Consejo General de Enfermería) recuerda que, en patologías de alta prevalencia como hipertensión, diabetes u obesidad, el seguimiento y la educación sanitaria sostenida son determinantes, y recuerda que los sanitarios son esenciales para apoyar la adherencia, detectar problemas antes de que se conviertan en descompensaciones y sostener cambios realistas en el tiempo.

El gran aprendizaje es que esta epidemia silenciosa no se frena solo con una campaña ni con un tratamiento aislado. Requiere un entorno más saludable (escuela, regulación, prevención de consumo temprano), una atención sanitaria que tenga capacidad de seguimiento y continuidad, y una mirada que entienda el metabolismo y el riesgo cardiovascular como un proceso de largo recorrido, donde cada año cuenta. Si el sistema logra sostener esa prevención (con políticas consistentes y con acompañamiento clínico real) reducirá mortalidad y complicaciones, pero también liberará presión sobre el resto de la asistencia.

Junto a la organización de los cuidados, gana peso la prevención en edades cada vez más tempranas. La Dra. Isabel Abad (Asisa) pone como ejemplo programas como ‘Bienvejecer’, orientados a promover hábitos que influyen directamente en cómo se llega a la vejez (alimentación equilibrada, descanso adecuado, salud mental y actividad física). El envejecimiento saludable no empieza a los 75 años, sino décadas antes, porque preparar a la población para una vida más larga y plena requiere actuar sobre estilos de vida y autocuidado desde etapas previas. El éxito no se medirá en años de vida ganados, sino en cuántos de esos años se pueden vivir con apoyo suficiente, en el entorno deseado y con la mayor independencia posible.

Profesionales al límite

Hay un punto donde confluyen casi todos los problemas de la sanidad española este año, y no es un nuevo fármaco ni una tecnología revolucionaria. Es algo mucho más básico y consiste en conseguir atención a tiempo y con el profesional adecuado. El gran cuello de botella del sistema es el acceso, y detrás de él late una crisis silenciosa de recursos humanos que convierte un problema organizativo en un desafío estructural.

Para el ciudadano, la experiencia se traduce en demoras para obtener cita en Atención Primaria, retrasos en pruebas diagnósticas y dificultades para ver a determinados especialistas. La Dra. Isabel Abad (Asisa) lo describe con claridad: en la sanidad pública “los tiempos de espera tanto en la atención primaria como en las pruebas diagnósticas se han alargado”, a lo que se suma la escasez de profesionales en algunas especialidades y el incremento de la demanda, especialmente en salud mental. El resultado es un acceso más lento y un sistema que llega tarde a problemas que habrían sido más manejables si se hubieran abordado antes.

Pero el impacto va más allá de la incomodidad. Cuando se retrasa una consulta en primaria, se retrasa un diagnóstico, un ajuste de tratamiento, una derivación o una intervención preventiva. Los problemas se cronifican, se complican y terminan consumiendo más recursos en niveles asistenciales más costosos. La falta de tiempo por paciente también empuja a una medicina más fragmentada, con menos espacio para la educación sanitaria y el seguimiento, precisamente lo que más necesita una población envejecida y con múltiples enfermedades crónicas.

Desde el Ministerio de Sanidad se reconoce que el nudo del sistema está en la base. Por eso la reforma de la Atención Primaria y Comunitaria se ha convertido en una prioridad estratégica. El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025–2027 plantea ampliar la cartera de servicios y la capacidad resolutiva de la primaria, impulsar la atención comunitaria y reforzar la coordinación y la continuidad asistencial, todo ello acompañado de una evaluación con indicadores que permitan medir el impacto real de los cambios. Además, el Ministerio ha transferido financiación específica a las comunidades autónomas para impulsar estas reformas, con la intención declarada de reforzar la Atención Primaria como “corazón del Sistema Nacional de Salud”.

La reforma no se limita a inyectar recursos, sino que apunta a cambiar la forma de organizar el trabajo. En colaboración con organismos internacionales, Sanidad ha planteado reforzar la longitudinalidad (la relación estable entre profesionales y pacientes) mediante varias palancas: estabilidad profesional, microequipos como unidad básica de referencia, digitalización orientada a la continuidad, estratificación de la población para priorizar a personas con mayor complejidad y uso de indicadores específicos que permitan rendir cuentas sobre acceso y calidad. La idea es sencilla de enunciar y compleja de ejecutar: que cada persona tenga un equipo de referencia que la conozca y la siga en el tiempo, en lugar de un itinerario fragmentado entre consultas aisladas.

Mientras la red pública intenta reorganizarse, el sector privado se presenta como un aliado para aliviar algunos de los puntos de mayor presión. Herminia Rodríguez, secretaria general de ASPE, defiende que la colaboración público-privada es “la única solución para mantener la sostenibilidad del sistema con estándares de accesibilidad y calidad adecuados” y señala que, en 2026, los acuerdos con mayor recorrido son los orientados a resolver necesidades concretas del sistema público: cirugía mayor ambulatoria, gestión de listas de espera y pruebas diagnósticas. Según su visión, estos modelos permiten aliviar la presión asistencial, mejorar costes y, sobre todo, dar respuesta más rápida a los ciudadanos, siempre que se evalúen con indicadores objetivos de resultados en salud y tiempos de atención.

Sin embargo, reorganizar circuitos y firmar acuerdos no será suficiente si no se afronta la raíz del problema, que son la falta y el desgaste de profesionales. La escasez de médicos y enfermeras es uno de los grandes desafíos compartidos por todo el sistema. Desde la sanidad privada se apunta a la necesidad de ampliar la oferta de formación sanitaria especializada, agilizar la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios y desarrollar nuevos roles profesionales, especialmente en enfermería avanzada y gestión clínica. También se subraya la importancia de la formación continua, la fidelización del talento y la automatización de tareas administrativas que hoy consumen tiempo clínico sin aportar valor asistencial.

Pero más allá de las cifras de plantilla, hay un factor humano que pesa cada vez más y es el desgaste. Florentino Pérez Raya advierte de un malestar creciente entre los profesionales, marcado por el burnout, las agresiones y unas condiciones laborales que dificultan la conciliación y empujan a muchos a abandonar o a buscar oportunidades fuera del sistema. Desde el Consejo General de Enfermería se insiste en seguir denunciando las malas condiciones laborales, en promover el desarrollo profesional y en fortalecer el liderazgo clínico, docente e investigador de la enfermería, precisamente para retener talento y reforzar el papel de estos profesionales en un modelo más comunitario y preventivo.

Ese malestar profesional ha trascendido el ámbito interno y se ha hecho visible a través de movilizaciones, incluida la huelga general de médicos convocada a nivel estatal. El conflicto ha puesto sobre la mesa reivindicaciones relacionadas con retribuciones, sobrecarga asistencial, jornadas prolongadas, guardias de 24 horas, temporalidad y falta de estabilidad. Para muchos facultativos, estas condiciones no solo afectan a su bienestar, sino también a la seguridad del paciente y a la calidad asistencial.

En el debate público, además, el conflicto se ha personificado en torno a la ministra de Sanidad, Mónica García. Gran parte del colectivo médico y algunos portavoces de la convocatoria han dirigido sus críticas directamente a la gestión del Ministerio, lo que ha endurecido el clima y ha elevado el coste político de la negociación. Desde el Ministerio de Sanidad, por su parte, se evita entrar en el pulso personal y se enmarca la protesta como el resultado de una “falta de actualización” del Estatuto Marco -la norma que regula parte de las condiciones laborales-, motivo por el cual defiende que viene trabajando en una mesa de diálogo con sindicatos representados y también con colectivos sindicales médicos para escuchar sus demandas.

Según la respuesta oficial, ese trabajo se ha traducido en un borrador “de consenso con la mayoría de los sindicatos” que incorpora mejoras para el conjunto de profesionales sanitarios. En el caso de los médicos, el texto incluiría medidas especialmente sensibles para el colectivo: la eliminación de las guardias de 24 horas -sustituidas por guardias de duración inferior a 17 horas con descansos y libranzas obligatorios-, una jornada máxima semanal de 45 horas, el derecho a la conciliación, ofertas públicas de empleo periódicas y límites a la temporalidad, además de la actualización de la clasificación profesional y el reconocimiento de la labor investigadora y docente como trabajo efectivo.

Pero esa respuesta institucional no desactiva, por sí sola, el núcleo del conflicto. La huelga, precisamente, indica que una parte del colectivo no da por garantizado que el cambio normativo vaya a traducirse en mejoras reales en el día a día asistencial -en los servicios, en la carga de pacientes, en la organización efectiva de turnos y guardias y en el reconocimiento económico-, y que persiste una desconfianza de fondo hacia la capacidad del Ministerio para materializar el giro prometido.

Es decir, el desacuerdo no es solo sobre el “qué” (medidas en un borrador), sino sobre el “cómo” y el “cuándo” (aplicación, calendario, efectos prácticos). Y mientras esa brecha siga abierta, la huelga nos recuerda que la crisis de profesionales no es una nota al pie del sistema…, es uno de sus principales límites operativos.

La IA en el Sistema Nacional de Salud

La tecnología sanitaria lleva años prometiendo eficiencia, pero en 2026 la conversación cambia de tono. No se trata de innovar por innovar, sino de responder a una pregunta esencial para un sistema tensionado por el acceso y la falta de profesionales. ¿La digitalización y la inteligencia artificial van a devolver tiempo a los equipos para cuidar mejor, o van a añadir otra capa de burocracia, pantallas y tareas que alejan al profesional del paciente? El dilema no es menor, porque la tecnología se ha convertido en el gran acelerador del sistema… siempre que se use bien.

En el plano de lo tangible, algunas herramientas ya están aportando valor claro porque atacan problemas concretos: accesibilidad, continuidad y seguimiento. Desde la experiencia de Asisa, la Dra. Isabel Abad describe cómo las plataformas de telemedicina están cambiando la puerta de entrada a muchas prestaciones. En su caso, Asisa LIVE integra videoconsultas en una veintena de especialidades, un servicio de apoyo psicoemocional y un chat médico accesible desde el móvil en cualquier momento y lugar.

La promesa no es solo comodidad: es reducir barreras de acceso y agilizar el primer contacto en un sistema con demoras crecientes. A esto se suma el desarrollo de programas de seguimiento de pacientes crónicos y hospitalización domiciliaria apoyados en tecnología, una modalidad que busca mejorar la calidad de vida de personas que, de otro modo, necesitarían controles más frecuentes en consulta o ingresos evitables.

Ese desplazamiento hacia el domicilio conecta con otra tendencia: la monitorización remota y el seguimiento proactivo. La lógica es simple: muchas complicaciones de crónicos (diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca, fragilidad) no “ocurren de golpe”; se anuncian con señales sutiles. Si se detectan a tiempo, se evitan urgencias, ingresos y deterioros. Y aquí es donde la IA puede aportar como herramienta de alerta y apoyo a la decisión, siempre que esté bien integrada en los flujos clínicos.

En el ámbito de la IA diagnóstica y la automatización hospitalaria, Abad cita dos líneas de desarrollo especialmente relevantes. Por un lado, algoritmos certificados y éticamente responsables para detección precoz de enfermedades prevalentes y de alto impacto social, como cáncer de mama y piel, osteoporosis, glaucoma y retinopatía diabética. Por otro, herramientas para automatizar procesos y mejorar la organización de los centros sanitarios con el objetivo declarado de atender más pacientes con menos recursos. En ambos casos, la regla que propone es muy clara: la innovación tecnológica debe mejorar calidad asistencial y facilitar el acceso; si no lo hace, no es progreso, es ruido.

Desde la sanidad privada, Herminia Rodríguez (ASPE) subraya que en 2026 la tecnología deja de ser un “elemento diferencial” para convertirse en infraestructura básica. En los hospitales privados, afirma, será ya estándar el uso de IA clínica de apoyo a la decisión médica y para labores administrativas, mientras continúa el trabajo (todavía inacabado) para lograr la interoperabilidad de sistemas de información, tanto dentro del sector privado como en su relación con el sistema público. La tecnología no escala de verdad si los datos no viajan, si cada centro es una isla o si la burocracia digital se multiplica por falta de integración.

Rodríguez también introduce una barrera que condiciona el futuro inmediato, el marco regulatorio. A su juicio, el problema no es la capacidad tecnológica del sector, sino “el marco en el que opera” y, en algunos casos, una regulación pensada más para contener que para facilitar la innovación. Esta tensión (innovación versus regulación) atraviesa toda Europa, pero en sanidad adquiere una dimensión especialmente delicada porque lo que está en juego no es solo eficiencia, es seguridad clínica, privacidad y confianza.

La visión pública intenta precisamente ordenar ese terreno. El Ministerio de Sanidad confirma que recientemente se ha aprobado en el Consejo Interterritorial la Estrategia de Inteligencia Artificial para el Sistema Nacional de Salud, un documento que busca evitar el “cada comunidad por su lado” y establecer una base común. La estrategia define cinco objetivos: fijar una visión homogénea sobre IA en el SNS; desarrollar procedimientos compartidos para identificar, clasificar y evaluar soluciones; crear estructuras y roles específicos para la gestión autonómica y estatal con gobernanza colaborativa; impulsar formación y competencias en IA para profesionales; y coordinar la implantación de casos de uso de alto valor para el sistema. Es decir, la IA deja de ser un conjunto de pilotos dispersos para convertirse en una política sanitaria con arquitectura institucional.

Además, el Ministerio detalla que estos objetivos deben seguir principios de fiabilidad, utilidad, humanización y universalidad, y apunta aplicaciones estratégicas como medicina personalizada, detección precoz de enfermedades crónicas, monitorización remota en tiempo real o incluso gemelos digitales, incorporando la creación de equipos multidisciplinares para garantizar requisitos éticos y legales y herramientas de evaluación de cumplimiento normativo, en consonancia con la normativa europea. En el fondo, la administración intenta responder a la gran pregunta social: quién controla estas herramientas, cómo se validan, quién responde si fallan y cómo se protegen los datos.

Pero quizá el punto más clarificador de este bloque llega desde la línea roja enfermera, el criterio de humanidad. Florentino Pérez Raya (Consejo General de Enfermería) plantea que la IA y la monitorización remota “si están bien diseñadas, te devuelven tiempo de cuidado”. Y concreta qué significa eso en la práctica: automatizar tareas repetitivas, tareas administrativas sin valor clínico y sistemas de alertas tempranas que ayuden a predecir riesgos o deterioro, con umbrales adaptados al plan de cuidados y a la persona.

La frontera aparece después. Para Pérez Raya, hay cosas que “nunca deben ni pueden automatizarse”: la relación terapéutica y humana y el acompañamiento a personas en vulnerabilidad, sufrimiento, duelo, miedo, violencia o soledad. La tecnología puede ayudar a detectar, organizar, alertar y agilizar; pero si sustituye el vínculo o convierte la atención en una cadena de trámites digitales, el sistema pierde justo lo que necesita recuperar: tiempo, escucha y continuidad.

Visto así, 2026 es el año en que se decide cómo llega la IA y para qué. En un sistema con demoras y plantillas agotadas, la tecnología solo tiene sentido si simplifica gestiones, mejora el acceso, reduce errores y permite seguir mejor a los crónicos sin convertir la atención en un laberinto de plataformas. El gran riesgo es que la digitalización se convierta en una burocracia sofisticada, que aumente desigualdades para quienes no dominan lo digital o que cree dependencia de proveedores sin control público suficiente. El gran potencial también es evidente; y es que automatice lo repetitivo y libere el tiempo más escaso del sistema (el tiempo clínico) para que el cuidado vuelva a ser, literalmente, humano.

La brecha de salud en 2026

Hablar de salud y bienestar sin hablar de desigualdad es quedarse en la superficie. Porque el sistema sanitario importa, y mucho, pero no es el único motor de la salud. La salud también se fabrica o se deteriora en la vivienda, en el empleo, en la alimentación posible con un presupuesto determinado, en la red familiar, en el barrio, en el transporte, en la soledad, en la exposición al estrés y en la facilidad -o la imposibilidad- de pedir ayuda a tiempo. Y esa realidad atraviesa todo: desde la salud mental hasta la cronicidad, desde el acceso a la Atención Primaria hasta el envejecimiento con autonomía.

El propio Ministerio de Sanidad, al explicar su lectura sobre la evolución de la salud mental, lo deja claro: el empeoramiento del malestar emocional “no se reparte de forma homogénea” y depende de determinantes sociales como el sexo o el nivel de renta. Es una frase que podría colocarse como marco para todo el reportaje, porque no se limita a la salud mental. También se ve en obesidad y riesgo cardiovascular, en consumo de alcohol y tabaco, en calidad del sueño, en acceso a actividad física o en la posibilidad real de sostener hábitos saludables. En definitiva, en lo más cotidiano.

Por eso, cuando el Ministerio habla de prevención, una parte importante de sus medidas se diseña con enfoque de entorno y vulnerabilidad, no solo de ‘consejos’. Un ejemplo es la iniciativa “Tardes con plan”, orientada a impulsar ocio saludable en centros educativos (alimentación, descanso, actividad física y bienestar emocional) especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad. La idea de fondo es que, si el riesgo se concentra en determinados entornos, la respuesta no puede ser idéntica para todos. Tiene que adaptarse a condiciones reales, no a ideales.

En esa misma línea, Florentino Pérez Raya coloca a la enfermería en un lugar estratégico dentro de la desigualdad sanitaria y no solo como ejecutora de cuidados, sino como “sensor” del sistema, capaz de detectar riesgo social y conectar a las personas con recursos de manera sistemática. Su planteamiento parte de una constatación práctica y es que muchas veces el primer signo de vulnerabilidad no es un parámetro clínico, sino una conversación.

Falta de apoyo, dificultades económicas para seguir un tratamiento, violencia, aislamiento, problemas de salud mental no verbalizados, brecha digital, abandono de autocuidados. Para Pérez Raya, las enfermeras y enfermeros son agentes clave para integrar determinantes sociales en la práctica clínica, detectar precozmente el riesgo social y actuar como puente con recursos comunitarios y del tercer sector.

De hecho, su lista de propuestas no es abstracta; habla de programas comunitarios dirigidos a poblaciones vulnerables, coordinación entre sanidad, servicios sociales y tercer sector; teleenfermería y atención domiciliaria para mejorar accesibilidad en zonas rurales; programas de salud itinerantes y refuerzo de la Atención Primaria. También insiste en el enfoque de género, en la competencia cultural y en incorporar mediación intercultural cuando sea necesario. Es decir, desigualdad no es solo pobreza; es también territorio, género, migración, soledad, acceso a información y capacidad de navegar el sistema.

En resumen, el gran giro de 2026 no se limita a digitalizar o a reorganizar agendas, es un giro hacia un sistema que intenta mirar más allá del episodio clínico para sostener salud real y eso obliga a reconocer que la salud no empieza en la consulta, sino mucho antes. Y obliga también a aceptar algo incómodo: si no se abordan desigualdades, cualquier avance (en prevención, en tecnología, en cronicidad) corre el riesgo de beneficiar más a quienes ya estaban mejor situados.

Ahí aparece el cierre natural del reportaje. En 2026, España está redibujando su mapa sanitario empujada por el envejecimiento, la cronicidad, la salud mental y la falta de profesionales. La respuesta que se está construyendo tiene palabras muy claras: prevención, comunidad, continuidad, tecnología útil, coordinación sociosanitaria. Pero el éxito real de ese rediseño no se medirá por cuántas herramientas nuevas se implanten o por cuántos planes se publiquen. Se medirá por algo más básico y más exigente: si una persona vulnerable (por renta, por territorio, por género, por soledad o por brecha digital) puede acceder a tiempo, ser acompañada y sostener salud durante más años.

Porque al final, el sistema no se pone a prueba en el paciente “ideal”, sino en el paciente real: el que no llega a tiempo, el que no entiende el circuito, el que vive solo, el que cuida y está agotado, el que no puede permitirse fallar. Si el nuevo paradigma consigue incluirlos, entonces este año será recordado como el año en que la sanidad dejó de ser solo un sistema de atención para convertirse, de nuevo, en una infraestructura de bienestar y cohesión social.