El pasado mes de noviembre, el panorama político volvió a iniciar su curso con la nueva legislatura y, en lo que a materia sanitaria se refiere, también se inició lo que se puede calificar como una nueva etapa, la de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad.
Antes de entrar a comentar los cambios que ha traído consigo el nombramiento de García como ministra, quizás sea interesante puntualizar cuáles han sido los puntos clave de su recorrido político.
La madrileña, además de iniciar su carrera política en 2015 y haber sido, hasta ahora, líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, donde se presentó a las elecciones autonómicas, es licenciada en Medicina y Cirugía y está especializada en anestesiología, cuyo desempeño ha llevado a cabo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
La actual ministra de Sanidad ha defendido a ultranza durante toda su carrera política la sanidad pública. De hecho, en su toma de posesión, afirmó lo siguiente: “La misión será poner nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) en el centro”. A esto, añadió que era un orgullo para ella decir por primera vez como ministra las palabras que tantas veces ha repetido: “Viva la sanidad pública”.
Con ello, desde un primer momento como ministra dejó claro que España vivía un momento clave en su historia en materia sanitaria y este no era otro que el de “blindar la universalidad”, porque, en palabras de García, no hay nada más justo y eficiente que tener una sanidad que atiende a todas las personas que viven en nuestro país.
Pero, para entender qué le depara a la sanidad en esta nueva etapa, no solo hay que remontarse a la toma de posesión de la actual ministra, sino a un poco antes. Mónica García tomó posesión de una de las cinco carteras correspondientes a Sumar, partido que alcanzó un acuerdo con el PSOE para la formación del Gobierno.
Y es por ello por lo que hay que atender a cuáles son las claves que se recogieron en ese acuerdo programático del pacto entre el PSOE y Sumar y que corresponden al ámbito sanitario español.
Uno de los principales compromisos gira en torno a todo lo que se quedó en stand by al convocarse elecciones, como fue la llamada ‘Ley Darias’. Para aquellos que no lo recuerden, en septiembre de 2022 el Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitación del proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar “la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud” de la Ley de Equidad Sanitaria, más conocida como ‘Ley Darias’.
Entre otros asuntos, esta nueva normativa cierra la puerta a nuevos copagos y establece “excepciones” para que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, a través de modelos privados, pero solo de manera complementaria y de apoyo, sin sustituir a la pública, tal y como determinó en aquel momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
De este modo, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria cuando no sea posible la gestión directa y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como la optimización de recursos sanitarios o la insuficiencia de medios propios para prestar los servicios.
Carlos Rus (ASPE): “Eliminar el sistema del mutualismo sería un error que nos sirve como ejemplo de decisiones que se toman más por ideología que por lo que nos arrojan los datos”
Así, esta Ley de Equidad Sanitaria que busca blindar el sistema público de salud, identificando como modelo la gestión directa, fue ya en su día objeto de numerosos debates y críticas en el hemiciclo y entre los representantes de los hospitales y clínicas privadas.
Con todo, parece que el único objetivo del Ministerio de Sanidad no será el de relegar la sanidad privada a un segundo plano, sino que también pretenden dar una mejora a algunas de las cuestiones que ‘enferman’ al SNS en la actualidad.
Entre ellas, la principal cuestión será la de las listas de espera. Y es que, tal y como se recoge en el documento del PSOE y Sumar, se limitarán por ley las listas de espera. ¿Y qué quiere decir esto? Que el tiempo de demora no superará, según afirman, los 120 días en las intervenciones quirúrgicas, 60 días para las consultas externas especializadas, 30 para las pruebas complementarias y 15 días para la salud mental de jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.
De hecho, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que en su discurso de investidura se comprometió a “promover un gran pacto de estado por la salud mental”, a lo que añadió su compromiso a "aumentar el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos, a reducir los tiempos de espera y a garantizar que en España no haya ni un solo ciudadano que necesita ayuda psicológica y no pueda obtenerla", algo que, de hecho, ya recogía Sumar en su último programa electoral.
Unespa: “El seguro es un aliado de la sanidad pública al asumir una parte significativa de la atención sanitaria en España”
De igual forma, el acuerdo también apuntaba a una ampliación de la cartera de servicios, tales como la salud bucodental o los servicios de oftalmología y psicología, como ya hemos mencionado. De hecho, el Consejo Interterritorial del SNS aprobó recientemente repartir 68 millones de euros con el objetivo de que las comunidades autónomas amplíen el Plan de Salud Bucodental. Con ello, se ampliarán los servicios a colectivos como la población de 0 a 5 años y a los pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer cervicofacial.
Por otro lado, fortalecer la Atención Primaria es otro de los puntos clave de este acuerdo del ejecutivo, con un correspondiente aumento de plantillas, equipamiento e infraestructuras. Y, también, crear una compañía farmacéutica pública.
El posible fin de las mutuas de los funcionarios
El programa con el que Sumar concurrió a las elecciones del 23 de julio de 2023 contaba con una medida que llamó la atención de todos los actores del sistema sanitario: integrar a los funcionarios en la sanidad pública, algo que ya había propuesto anteriormente Podemos.
Así, la idea de Mónica García, ahora como ministra, también podría ser la de incluir a las personas que reciben atención sanitaria de mutuas de carácter privado (Muface-Mugeju-Isfas) “de forma paulatina, escalonada y programada”, bajo el amparo del sistema público de salud.
En palabras del presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, el sistema del mutualismo ha resultado ser un modelo de éxito, elegido por entre el 75 y el 80% de los funcionarios y que supone un ahorro para las arcas del Estado de entre 720 y 800 millones de euros al año.
“Eliminarlo sería un error que nos sirve como ejemplo de decisiones que se toman más por ideología que por lo que nos arrojan los datos; aunque las circunstancias actuales nos indican, efectivamente, que se está dejando morir el modelo por la falta de financiación y con el impedimento para dar entrada a gente más joven, que contribuyen a sostener la asistencia de un funcionariado cada vez más envejecido. Si no se cambia el rumbo, veremos la desaparición de un sistema que ofrecía múltiples ventajas tanto para los funcionarios, como para el SNS”, defiende.
Además, como sostienen los portavoces de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), no hay que perder de vista que, en caso de desmontar el modelo de las mutualidades de funcionarios, esos 1,7 millones de personas pasarían a ser atendidos por el sistema público de salud.
“Ahora mismo, el seguro es un aliado de la sanidad pública al asumir una parte significativa de la atención sanitaria en España”, apuntan. En el país, 12,5 millones de personas cuentan con una póliza privada de salud. En otras palabras, el 25% de la población española es atendida por la red privada.
